Piden información a la procuradora general sobre evaluación de procuradores que sería “contraria a la autonomía” de la entidad
La Defensoría del Pueblo solicitó a la procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, brindar información sobre las normas que regulan los procesos de evaluación de los procuradores públicos, así como reportar quiénes han pasado por este proceso y los resultados que obtuvieron.
Esta petición se da en el marco de serios cuestionamientos a la titular de la Procuraduría debido a que estaría promoviendo la salida del procurador del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, David Ortiz, quien investiga los presuntos casos de corrupción dentro del sector.
A ello se suma la demora para designar a procuradores en puestos importantes, esto generaría demora en los procesos que siguen las diversas instancias de la Procuraduría. En ese contexto, la Defensoría recordó que en la novena disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1326 dispone “que las/los procuradoras/es públicas/os designadas/os, conforme al derogado Decreto Legislativo 1068, se mantendrán en sus cargos hasta la implementación de los procesos de evaluación para la designación de procuradoras/es”.
“La Procuraduría General del Estado estaría evaluando a las/los actuales procuradoras/es públicas/os para determinar su continuidad en el cargo. Esta actuación, de llevarse a cabo sin observancia de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1326 o bajo una lectura aislada de su reglamento, sería contraria a la autonomía que ostentan estas/os funcionarias/os para el desarrollo de sus funciones”, explicó la Defensoría en un comunicado.
En esa línea, la entidad sostuvo que su pedido institucional responde a la necesidad de “fortalecer la independencia y autonomía de las/los procuradoras/es públicas/os, con la convicción de que la defensa de los intereses del Estado redundará en un mayor disfrute de los derechos fundamentales de la ciudadanía».