Los argumentos del Ejecutivo para observar ley que cambia el consejo directivo de la Sunedu
El presidente Pedro Castillo rechazó la autógrafa aprobada por el Congreso al señalar que se vulnera el principio constitucional de “separación de poderes y de competencia” y se afecta el camino del Perú para ser parte de la OCDE.
En el último día de plazo, el presidente Pedro Castillo observó la autógrafa de ley aprobada por el Congreso que modifica la conformación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), al incorporar a dos representantes de las universidades estatales y a otro de las privadas, para que se suman a los del Concytec, el Sineace, el Minedu y del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú.
La ley fue aprobada el 4 de mayo por el Congreso y contó con el respaldo de Renovación Popular, Fuerza Popular, Acción Popular y Perú Libre. En total se obtuvieron 68 votos a favor de la modificación.
LOS ARGUMENTOS
Este martes 30, el presidente Castillo envió un oficio al Congreso en el que detalla las razones por las cuales tiene una postura distinta a la del Congreso. Entre ellas remarca que la ley aprobada afecta los avances de la Ley Universitaria que destacó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en enero de este año decidió, por consenso, invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión a este bloque.
En esa línea, argumenta que “al retirar la rectoría del Ministerio de Educación respecto a la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, dejándola acéfala, la Autógrafa de Ley es contraproducente para la implementación de esta, pues es imprescindible que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto de un tema tan fundamental para el desarrollo del país. La autógrafa de Ley parte de la suposición errónea de que la Ley Universitaria, supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, cuando, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones (régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económica) en su artículo 8, en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución”.
A ello suma que la norma, en tanto es una iniciativa parlamentaria, vulnera el principio constitucional de “separación de poderes y de competencia”.
“La ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que forma parte del bloque constitucional, establece que es iniciativa del Poder Ejecutivo la creación y disolución de Organismos Públicos (como la Sunedu). Asimismo, establece que todas las entidades públicas deben estar adscritas a un Ministerio. En consecuencia, la autógrafa de ley es contraria al bloque constitucional, en tanto que mediante ella el Poder Legislativo extingue a la Sunedu como organismo técnico especializado, crea una Sunedu como una categoría distinta (además inexistente en la LOPE como lo es un “ente autónomo») y retira la adscripción de Sunedu a Minedu. Así, al invadir competencias exclusivas del Ejecutivo, la autógrafa de ley, en tanto iniciativa del Congreso, también vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de compentencia”, se lee en el documento.
A ello suma que “se interprete que la autógrafa de ley está creando un organismos constitucionalmente autónomo, tal como señala el dictamen del Congreso que le sirve de antecedente, estaría yendo en contra del artículo 206 de la Constitución pues para ello debe atravesar necesariamente el procedimiento de reforma constitucional”.
LA OCDE
En el documento se argumenta que el ingreso del Perú a la OCDE se constituye una política de Estado impulsada tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo y, sobre ello, remarca la conformación de la comisión especial para tal fin. Así, alega que impulsar y mantener esta nueva ley contra Sunedu solo perjudicaría el avance que el país tuvo para formar parte de la organización.
“ A través de las competencias asignadas a Sunedu, se advierte el impulso de un sustantivo conjunto de reformas en materia de educación superior universitaria y que se encuentran alineadas con los más altos estándares internacionales que tal organización promueve en la materia. Entre las reformas que la OCDE destacó, está la Ley Universitaria, y la creación de la Sunedu. Es relevante el mensaje prospectivo de la OCDE en el sentido que en los próximos años es clave continuar con la implementación de los procesos de licenciamiento y supervisión por parte de la Sunedu con el fin de garantizar la calidad de la educación superior universitaria en el Perú. Cabe resaltar que, mediante este estudio, la OCDE buscó contribuir desde las mejoras prácticas de la OCDE (…) a la reforma en el área de educación en el Perú y a la “implementación de políticas educativas que lleven a mejores vidas para todos los peruanos”.
En ese contexto, “la modificación de la Ley Universitaria, en los términos expuestos por la autógrafa de ley, significaría un retroceso en los avances que ha obtenido el país, particularmente en el proceso de licenciamiento, a través de la Sunedu, los cuales han sido evidenciados y objeto de crítica por la OCDE”.
En esa misma línea, la participación de la Sunedu en la estrategia de relacionamiento con la indicada organización internacional se verá perjudicada en tres ejes y acciones prioritarias:
- Jurídica internacional: adhesión a instrumentos de la OCDE para la institucionalización de estándares
- Relacionamiento y cooperación: Participación de comités y grupos de trabajo.
- Evaluación y estudios: revisión de políticas y estudios especializados.