Congreso aprobó 11 leyes del Ejecutivo, pero el mismo Gobierno aún no las reglamenta
Redacción Vigilante
Publicado 6:26 pm, 19 abril, 2022
Mientras el presidente Pedro Castillo se queja de que hay proyectos que duermen en el Parlamento y alega que son parte de la crisis, los hechos evidencian desidia y negligencia de su propia gestión.
«El burro hablando de orejas», reza el dicho, para referirse a una persona que critica en otros lo que no cumple consigo mismo o para los demás. Un refrán que parece calzar bien con el constante reclamo que tiene el presidente Pedro Castillo hacia el Congreso de la República, al quejarse de que este poder del Estado no aborda ni debate los proyectos de ley que presenta el Gobierno y hasta dice que por ello ahora hay una crisis política, social y económica en el país.
Lejos de una autocrítica, por las malas designaciones, sus desaciertos o los casos de corrupción en su gestión, el mandatario afirmó ante los congresistas el 4 de abril que busca pasar la página de conflictividad, pero culpó al Legislativo de “dormir” sus proyectos. “Nosotros, desde que asumimos el mandato, como corresponde, hemos dejado una serie de proyectos de ley en el Congreso y me gustaría que se tome nota de estos. Ahí están durmiendo, no se debaten, y ahora son ahora parte de la crisis. Me sorprende que no se revisen. Congresistas, hemos venido con el sano propósito que queremos la unidad”, afirmó.
Pero lo cierto es que el Congreso cumplió con aprobar, con prioridad, 11 proyectos de ley de impacto social, nacional y regional desde agosto pasado hasta el 18 de abril último, pero no pueden aplicarse porque no han sido reglamentadas por el mismo Gobierno dentro de los plazos estipulados.
Entre esas leyes están la que promueve la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes huérfanos y que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza.
También la ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de las entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares y de municiones; la norma que regula el saneamiento físico-legal de los bienes inmuebles del sector Educación destinados a instituciones educativas públicas, así como la iniciativa que promueve la industrialización del agro.
Asimismo, la ley que reconoce la labor de los canillitas y la que propone el enriquecimiento del arroz en el Perú tampoco pueden aplicarse, porque el Ejecutivo no cumplió con dictar los correspondientes reglamentos.
Otras normas que no entren en vigencia hasta ahora es la ley que ayuda a las micro y pequeñas empresas (mypes) para la cancelación de sus facturas y la ley que regula el servicio de extensión agropecuaria.
Los mismo pasa con la ley que perfecciona la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias, y aquella que establece la condición militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas.
Tampoco se han reglamentado la ley que declarada de interés nacional sobre la erradicación del trabajo forzoso y la creación del Observatorio Nacional de Trabajo Forzoso.