Toque de queda: las inconsistencias de una medida ilegal
Redacción Vigilante
Publicado 4:53 pm, 5 abril, 2022
La norma que impone una inmovilización social obligatoria en Lima y el Callao no resiste en menor análisis legal, porque constituye un claro atropello al Estado de derecho y a las libertades individuales.
Casi el borde de la medianoche del lunes 4, el presidente Pedro Castillo anunció un toque de queda de 22 horas que regirá durante este martes 5 de abril en Lima y Callao, en medio de las crecientes protestas contra su gobierno, que no ha podido atender los reclamos de diversos sectores productivos que le exigen tomar acciones frente al alza descontrolada de precios de los alimentos y combustibles.
¿Cuál fue la justificación de la medida? Según el Decreto Supremo N°034-2022-PCM, aprobado por el Consejo de Ministros, se busca evitar actos de violencia y bloqueo de carreteras como parte del paro de transportistas que se inició el 28 de marzo. Además, según información oficial, hay supuestos informes de inteligencia que advertían de nuevos disturbios en la capital como los registrados el lunes.
Sin embargo, la norma tiene vacíos e imprecisiones, como es el caso del transporte público, lo que evidencia la improvisación con la que actúa el Gobierno; además ha generado no solo confusión sino también malestar en los ciudadanos que no tuvieron tiempo de enterarse de esta medida que afecta sus libertades individuales más fundamentales.
Así, muchas personas se vieron sorprendidas y no pudieron llegar a sus trabajos o cumplir con sus actividades diarias o compromisos por la falta de movilidad en la ciudad, sin contar a los millones de peruanos que viven del día a día y que no pueden darse el lujo de quedarse en sus casas.
La medida tampoco resiste el menor análisis legal, porque carece de proporcionalidad y razonabilidad, según expertos consultados por Vigilante.pe. No solo afecta el libre tránsito de las personas, sino también constituye un eventual abuso de autoridad. Además, puede implicar responsabilidad penal sobre los funcionarios que la han aprobado y en los agentes de las fuerzas armadas o policiales que ejecuten lo dispuesto en el decreto.
Además, es una paradoja inmensa, porque la prohibición viene de un sindicalista disfrazado de presidente que hizo de las huelgas y marchas su modus vivendi. Hoy pretende prohibir las protestas, pero difícilmente podrá revertir el rechazo y el hartazgo de sus mismos electores que hoy se sienten engañados con la promesa de un cambio que no llegará. Al menos no para ellos.
Entonces, lo que queda claro con el toque de queda es que, por su propia impericia e incapacidad, el Gobierno ha claudicado de una de sus principales funciones: atender las demandas y problemas que aquejan a la ciudadanía.
La medida es además un claro intento por obstaculizar el derecho a la protesta que asiste a todo ciudadano, pero -ojo- ningún derecho justifica la violencia, que debe ser condenada de manera unánime y sancionada como corresponde, venga de donde venga. El vandalismo que se desbordó en varios lugares mancha los legítimos reclamos de gran parte de la ciudadanía que se siente entre afectada y decepcionada por un gobierno que no ata ni desata.
El Ejecutivo ha evidenciado que tampoco sabe cómo atender o solucionar los conflictos sociales, que no desaparecen encerrando a las personas en sus casas. Lo que se requiere es una autoridad con liderazgo, credibilidad y capacidad técnica, que entienda que se trata de proceso complejo que implica que los diversos sectores productivos y de la sociedad concilien sus demandas e intereses en estricto respeto a las normas.
Aunque la crisis actual por el alza de los precios de alimentos y combustibles tiene un componente internacional por el conflicto Ucrania- Rusia, el Gobierno no ha tenido una adecuada atención ni respuesta a este problema y dejó que la olla a presión social llegue a su límite, porque los reclamos por esta situación tienen varias semanas, sin que se haya podido ofrecer salidas viables y técnicas que eviten que se generen falsas expectativas.