Comisión de Fiscalización aprobó dictamen para que control concurrente sea vinculante
Redacción Vigilante
Publicado 1:37 pm, 31 marzo, 2022
En este grupo de trabajo del Congreso también se aprobó un dictamen que propone un régimen especial de sanciones administrativas en la Ley de Contrataciones del Estado para las micro y pequeñas empresas.
La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyecto de ley 1004/2021- CR, del congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), y 1091/2021-CR, de la parlamentaria Karol Paredes (Acción Popular), que plantean medidas para garantizar que el control concurrente sea vinculante y con la participación de profesionales especializados y con experiencia.
“Si una situación adversa no se corrige y, a partir de ello, se advierte un posible perjuicio al Estado, porque no se dictan medidas preventivas y correctivas, corresponderá al Sistema Nacional de Control aplicar el control posterior para la identificación de los responsables”, sostuvo el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura.
En la iniciativa fujimorista se sostiene que “el control concurrente tiene carácter vinculante. Es decir, si una situación adversa no se corrige y a partir de ello se advierte un posible perjuicio al Estado, por la no adopción oportuna de las acciones preventivas y correctivas que correspondían, los órganos del Sistema Nacional de Control determinan la ejecución de los servicios de control posterior que correspondan para la identificación de las responsabilidades en los funcionarios y servidores públicos que generaron el referido perjuicio. Asimismo, para el desarrollo del control concurrente se contratan profesionales especializados y con experiencia en los temas vinculas a la naturaleza del control concurrente, que garanticen una efectiva y eficaz labor del Sistema Nacional de Control”.
En tanto, la propuesta de Paredes detalla que el contralor deber “ser elegido por el Congreso con el voto favorable de dos tercios del número legal de sus miembros, por un periodo de siete años. No hay reelección inmediata. Puede ser removido por falta grave”.
Por otro lado, la Comisión de Fiscalización aprobó el dictamen recaído en el proyecto de ley 791, de Martha Moyano, que propone un nuevo marco legal orientado a reactivar los proyectos de inversión pública que se encuentran paralizados a nivel nacional.
Además, también se aprobó el dictamen del proyecto de ley del congresista Arturo Alegría (411/2021-CR) que propone un régimen especial de sanciones administrativas en la Ley de Contrataciones del Estado para las micro y pequeñas empresas.