Argolleros, por Eduardo Herrera

Redacción Vigilante Publicado 1:18 pm, 14 Febrero, 2022

Mucho del reclamo hacia el actual gobierno tiene vinculación con la piconería del cambio de argolla. Ya no es “nuestra” argolla, es la argolla de otros. Una argolla, además, inaccesible para algunos.

Durante muchos años -no creo que tanto como doscientos, pero sí muchos- los sucesivos gobiernos han sido acomedidos a ciertas argollas contra las que nunca han “chocado”. Hoy ha entrado una argolla diferente; con ínfimo nivel técnico y más conchuda en cuanto a la corrupción; con personajes como el señor Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción, que tiene poder real en el régimen (lo reclama y lo cacarea).

Desde esa perspectiva, a algunos no les molesta que tal o cual persona sea Ministro de Salud porque va a llevar al descalabro al sector (porque sí lo va a llevar) sino que, simple y llanamente, no tengan la bendita llegada para hacer “cositas”. No lo olviden, cada personaje del tipo señalado, en este contexto, viene con su propia argolla.

La miopía del reclamo hacia ciertos nombramientos nos marea pensando que solo una persona, con nombre propio, que es “conocida, honorable y decente”, pueda significar garantía de buen manejo en un determinado sector. Y cuando hablo de buen manejo hablo de eficiencia y transparencia en igual peso. Entonces, si se cambia a esa persona con nombre propio, el sector o el organismo seguramente fracasará. Eso también es una muestra patente y chocante de nuestra argolla nacional. Solo los “reconocidos” son aceptados.

El asunto es muy simple, la salida es muy clara: lo que se necesita para superar la pequeñez que nos hunde en la argollería, es la institucionalidad. Si hay algo que no le conviene a cierta gente -por ejemplo, a algunos personajes que pululan buscando el poder para fines propios y patrimoniales- es la institucionalidad, porque esta es fría y meritocrática. No hay llegadas, no hay posibilidad de acercarse para favores ni distorsiones. Con la institucionalidad está al mando quien debe estar y la ley se cumple, esa es la genuina representación de un Estado justo.

¿Cómo salimos de esto? Lo primero que debo de decir es que la ley no tiene mucho sentido si es que no existe algo detrás. Me refiero a que de muy poco sirve poner requisitos o prohibiciones para acceder a cargos públicos sin sanción a la infracción (sanción legal y social). Lo segundo, lo más importante, es sentido común y criterio. No podemos imaginar una ley para todo porque esa no existe y, buscando el equilibrio, es necesario tener cierto grado de discrecionalidad para el nombramiento. El sentido común, el criterio, deben estar alienados con lo que es correcto.

Siendo ello así el marco de decisión podría estar justificado en dos preguntas claves ¿es una persona capacitada para el cargo? ¿tiene problemas éticos y/o legales? La ponderación consciente de las respuestas -que no se resuelven en un cuadro de Excel cerrado y frío- será la que nos determine quién debe de estar y quién no. Lo demás, son argollas.

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