Caso Puente Tarata III: Provías anula contrato a empresa asesorada por Karelim López
Redacción Vigilante
Publicado 12:34 pm, 28 enero, 2022
Entidad del MTC dejan sin efecto acuerdo por la obra a construirse en la región San Martín, tras confirmarse dos irregularidades. Repasamos en esta nota todos los detalles que involucra este caso en el que está implicado también el presidente Castillo.
El 14 de enero, Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró nulo el contrato N° 089-2021-MTC/21que firmó en octubre pasado con el consorcio Puente Tarata III para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región San Martín, por un monto de S/ 232,5 millones.
Como se recuerda, la licitación para esta obra la había ganado el consorcio del mismo nombre, integrado por la empresa Termirex S.A.C, a la que asesoraba Karelim López. La misma que visitó varias veces al presidente Castillo tanto en Palacio de Gobierno, como en la casa de Breña, entre agosto y noviembre del año pasado.
López no solo visitó al presidente Pedro Castillo, sino también al entonces secretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, en Palacio de Gobierno, antes de que se firmara el contrato.
En el concurso público para dicha obra, el consorcio Puente Tarata III y el consorcio Huayabamba disputaron la adjudicación de la obra. La propuesta económica que presentó el grupo ganador, Puente Tarata III, fue de solo S/0,27 menos que el consorcio Huayabamba, que ocupó el segundo lugar en el proceso y, finalmente, quedó fuera.
Las razones de la anulación
En la resolución donde se termina la anulación del contrato, Provías informó que se infringió la Ley de Contrataciones del Estado, tras realizarse una “fiscalización posterior” a la licitación. En el documento en cuestión, Provías señala que “(Las denuncias periodísticas motivaron) que el órgano encargado de las contrataciones de Provías Descentralizado procediera en su oportunidad a iniciar las gestiones propias de la fiscalización a posteriori que se debía realizar a los documentos presentados en su oferta por parte del Consorcio Puente Tarata III, como también a la documentación que este último presentara ante nuestra entidad para formalizar contrato”.
En el mencionado documento se detalla que se detectaron “dos inconsistencias severas” en la documentación y en el accionar del consorcio Puente Tarata III. La primera inconsistencia sería una transgresión al principio de presunción de veracidad: el consorcio presentó un documento adulterado para acreditar la experiencia laboral de un ingeniero a cargo del control de calidad de la obra.
La segunda es que dos empresas de un mismo grupo económico participaron de manera individual en el proceso de selección. Esta acción está prohibida para evitar concertaciones entre proveedores. En el caso en cuestión, Puente Tarata III y el consorcio Huayabamba disputaron la adjudicación de la obra a pesar de estar conformados por compañías que tienen como socio fundador a Marco Antonio Pasapera Adrianzén.
Provías Descentralizado señaló que “resulta inverosímil considerar que no se diera la confluencia” entre directivos, representantes legales u otros altos mandos de Termirex y Corporación Imaginación para la licitación del puente Tarata.
La institución precisó que la anulación del contrato fue recomendada por su oficina de asesoría jurídica, “atendiendo que se ha detectado la presencia de dos supuestos de nulidad que inciden” en el acuerdo.
Además, en los próximos días, Provías Descentralizado remitirá al Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) un informe detallado de los hechos suscitados, a fin de que dicho organismo técnico especializado determine las infracciones y sanciones administrativas que correspondan.
El caso continúa en la Fiscalía
Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando esta licitación, como a los implicados en este caso. En noviembre pasado acudió a las instalaciones de Provías Descentralizado para recabar información. De igual manera, el 1 de diciembre del 2021, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios inició una investigación contra Karelim López por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias por el presunto favorecimiento en la obra en cuestión
La Fiscalía precisó que los hechos materia de investigación estan relacionados con presuntas irregularidades en la Licitación n.º 01-2021-MTC/12 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por un monto ascendente a S/. 232,587,014.30 millones de soles, convocada por Provías Descentralizado, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, del cual Karelim López era asesora.
El 6 de enero Karelim López empezó a rendir su declaración ante la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por el caso en cuestión.
La investigación también alcanza al presidente Castillo
Cabe señalar que por este mismo caso la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, determinó en una resolución que existe mérito para iniciar una investigación preliminar al presidente Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado o patrocinio ilegal. Sin embargo, Ávalos precisó en su resolución que todos los actos de investigación contra el mandatario quedan suspendidos hasta culminado el periodo en el que Pedro Castillo ejerza como presidente de la República.
De acuerdo al documento fiscal «Se le atribuye a Pedro Castillo haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III». La tesis fiscal refiere que habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, quien, en su condición de asesora de una de las empresas que forma parte del citado consorcio, se presume realizó gestiones ante el presidente de la República para favorecer la adjudicación de dicho proyecto al consorcio Tarata III por S/ 232.5 millones, como ocurrió el 19 de octubre de 2021.
Es importante señalar, también, que en la reciente entrevista que brindó el presidente a CNN en Español, reconoció haber recibido a Karelim López en Palacio. Sin embargo, negó que haya tratado temas de contrataciones en la reunión. «Sí, vino al despacho, la recibí, pero nunca se trató de (licitaciones)», dijo. El presidente Castillo, no obstante, había negado en varias ocasiones conocer a la asesora López, aseveró no tener «ningún vinculo amical o laboral» con ella e incluso dijo no conocerla.
El vínculo con el caso Starost
En un informe publicado por Vigilante hace unas semanas, dimos cuenta de otro personaje vinculado a este mismo caso. Se trata del abogado árbitro y excandidato presidencial Álex Starost Gutiérrez, quien visitó cinco veces Palacio de Gobierno entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, para reunirse con el presidente Castillo y también con el ministro Juan Silva del MTC. Starost también es la persona a la que el propio presidente Castillo le habría pedido que “investigue” de parte lo sucedido con la licitación del cuestionado proyecto Puente Tarata III.
Además, el 10 de diciembre del 2021, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, Miguel Ángel Espinoza, expresidente del Comité de Selección de la Licitación Pública del proyecto Puente Tarata III de Provías-MTC, denunció que sufrió de “hostigamiento laboral”, por parte del abogado árbitro Alex Starost Gutiérrez. Espinoza narró que, Starost, junto a la viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fabiola Caballero lo quisieron obligar a levantar su secreto de las comunicaciones y lo amenazaron con abrirle un proceso administrativo y denunciarlo ante la Fiscalía.
Tal como dio cuenta Vigilante, en la quincena de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo “apercibimiento”, que entregue información (teléfonos personales, institucionales, correos electrónicos, etc) sobre la viceministra Fabiola Caballero, el árbitro Alex Starost y otros funcionarios del sector. Ello tras la denuncia del expresidente del Comité de Licitación del Puente Tarata, Miguel Ángel Espinoza, en la Comisión de Fiscalización del parlamento, con la que comenzó este reportaje.
En el documento fiscal se precisa que el pedido tiene relación con la investigación preliminar seguida contra Karelim López, Bruno Pacheco y los que resulten responsables por tráfico de influencias y negociación incompatible en agravio de Provías. Además, en cuanto a Starost, la fiscalía pide que se ponga en conocimiento la “relación laboral” del abogado Alex Gustavo Starost Gutiérrez con Provías Descentralizado.Y, por su parte, en cuanto al exfuncionario de Provías Miguel Ángel Espinoza Torres, seguirá prestando su declaración en los próximos meses ante la Comisión de Fiscalización del parlamento. Esta historia continuará.