8 gobernadores regionales bajo la lupa por investigaciones de corrupción

Desde el norte hasta el sur, ninguno se libra de ser investigado por la justicia debido a las diversas suspicacias en su contra por presuntamente ser partícipes de actos de corrupción

Las elecciones regionales y municipales se avecinan para octubre del año entrante, sin embargo, el 2021 no culmina como muchos hubiesen esperado; pues, de acuerdo con un informe de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 19 de 25 gestores regionales posee una investigación en su contra por presuntos actos de corrupción.

De acuerdo con un tuit publicado por la cuenta oficial del Ministerio Público el pasado 9 de diciembre, día internacional de la lucha contra la corrupción, el fiscal superior Omar Tello informó que diversos funcionarios públicos vienen siendo investigados por la Fiscalía de la Nación durante los últimos meses. Entre los datos más resaltantes se encuentran las 1893 denuncias recibidas, mismas que fueron registradas desde marzo del 2020, es decir, desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Si bien el informe se enfoca en la gestión de los gobernantes regionales de turno desde el inicio de sus funciones en 2019, la situación no ha mejorado este último año. El 2021, lejos de ser un año con mayor transparencia y trabajo por la ciudadanía sin ánimos de lucrar “por lo bajo”, se ha convertido en un periodo en donde alrededor de 8 funcionarios terminaron encontrándose en el ojo de la tormenta. ¿El común denominador? La corrupción.

Gobernadores implicados

El primero en la lista es Juan Carlos Morillo, gobernador de la región Áncash; quien con una sentencia dictada el pasado 11 de enero por 9 meses de prisión preventiva debido a las presuntas irregularidades en la implementación de un área especializada para covid-19 en el Hospital de Chimbote, repitió la historia el 19 de julio. Esto cuando la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash confirmó un nuevo dictamen en su contra por 10 meses de privación de su libertad de manera preventiva por el presunto delito de colusión agravada.

Esta vez, Morillo Ulloa viene siendo investigado por la implementación y construcción del ambiente covid-19 del Hospital Víctor Ramos Guardia, perteneciente a la jurisdicción de Huaraz.

Si de prisiones preventivas se trata, a la lista se le suma Anselmo Lozano, gobernador de Lambayeque. Este personaje será privado de su libertad por 24 meses luego de que la representante de fiscalía, Karin Ninaquispe Gil, sustentara, el 13 de febrero de este año, respecto a los presuntos actos de corrupción que Lozano Centurión habría cometido durante su gestión como alcalde del distrito de La Victoria – Chiclayo en 2015-2018.

Continuando con el desfile de funcionarios que investigados se encuentra el representante de Huancavelica, Maciste Díaz. El gobernador de Huancavelica fue sentenciado con 4 años de prisión por el delito de colusión simple, esto luego de que se confirmara que la compra de alrededor de 8 994 laptops se produjera de manera irregular. Sin embargo, pese al dictamen en su contra, el pasado 10 de abril se anuló su sentencia por un “vicio procesal”.

Hasta el momento, Díaz Abad continúa en el cargo, no obstante, nuevos cuestionamientos pesan en su contra por un viaje a China en 2019. De acuerdo a la investigación preliminar, la fiscalía busca confirmar de qué manera se financió dicho viaje.

La lista es más larga

En lugar de restarle guiones al listado, este parece nunca acabar. Entre las máximas autoridades departamentales que también poseen indagaciones en su contra se encuentra Elmer Cáceres Llica, quien fue capturado en un operativo la madrugada del 23 de octubre. Actualmente, cuenta con prisión preventiva de 24 meses por presuntamente liderar la organización criminal “Los hijos del Cóndor”, esta fue dictada por juez José Málaga Pérez el 26 del mes pasado.

Del mismo modo, Luis Hidalgo, autoridad máxima del GORE de Madre de Dios, corre con la misma “suerte”. Pues, el 12 de octubre, su vivienda fue allanada por los agentes de orden luego de que se vea implicado en la investigación por supuestamente haber favorecido a empresarios del rubro maderero. La fiscalía solicitó prisión preventiva en su contra, sin embargo, la audiencia fue programada para enero del próximo año.

Puno no se queda atrás luego de las diversas sospechas detrás de quienes se han sentado en el sillón del Gobierno Regional. Aparentemente, la ingobernabilidad se ha implantado con singular fuerza en la tierra del titicaca, esto luego de que su primer gobernador sea sentenciado y obligado a abandonar su cargo en agosto del 2019. Agustín Luque, su sucesor parece seguir sus mismos pasos, pues, el 30 de octubre fue detenido en un operativo por, presuntamente, ser el líder de una banda criminal con indicios de corrupción agravada.

Resumen de no acabar

Elisbán Ochoa, el máximo representante de Loreto se suma a los gobernantes que son investigados por la Fiscalía especializada en delitos de corrupción, pues, al inicio del mes de diciembre, agentes policiales allanaron su domicilio y las inmediaciones del GORE por la existencia de una indagación en su contra por supuestamente pertenecer a “Los Gestores”, organización que se habría adjudicado diversas concesiones de manera irregular.

Para finalizar con los 8 gobernadores que este año habrían sido vistos bajo la lupa por haber cometido presuntos actos de corrupción, se encuentra Francisco Pezo, quien, luego de saltar cercas y escabullirse de la ley cual película de acción, terminó capturado por la justicia el pasado 15 de diciembre. Él viene siendo investigado por supuestamente liderar una organización criminal en el Gobierno Regional de Ucayali.