DESTACADA OPINIÓN

EDITORIAL: El problema agrario, un año después, por José Ignacio Beteta

El 30 de noviembre de 2020, un grupo de trabajadores de una empresa iqueña de mala reputación, inició un paro solicitando mejores condiciones laborales y el aumento de su salario básico.

Con el correr de los días, a este grupo se sumaron agitadores subversivos que no buscaban una reivindicación laboral sino amplificar el problema exigiendo algo más serio: que el Congreso derogue el decreto de urgencia que extendía por 10 años la ley de promoción del Sector Agrario.

El presidente de turno no quiso abordar el problema con decisión, y las diversas bancadas del Congreso, confundidas, arrinconadas o conscientes de que derogar ley vigente sería más perjudicial, no lograron ponerse de acuerdo. La crisis escaló y se trasladó a más regiones. Hasta el 17 de enero, día en que se llevó a cabo la última protesta, 12 personas habían muerto y 44 quedaron heridas.

Un año después, estamos sumidos en la misma inestabilidad política y “el tema agrario” sigue siendo un pendiente. Y lo sigue siendo, porque aunque la nueva ley agraria (aprobada el 31 de diciembre de 2020) ha empobrecido a los agricultores medianos y pequeños, reducido los ingresos de los trabajadores del sector y relentizado muchas inversiones, nuestros políticos no aprenden, y siempre son capaces de empeorar las cosas.

El Ministro de Agricultura, por ejemplo, emitió una resolución ministerial para crear un “Grupo de Trabajo Sectorial para el Desarrollo del Sector Agrario y de Riego en el marco de la II Reforma Agraria”, pero, como era de esperarse, no incluyó a uno de los actores principales en el grupo: los empresarios.

Así, mientras nuestros políticos no saben qué hacer para desarrollar el agro nacional, y mientras colectivos, ONGs y activistas que anhelan una “reforma” de corte velasquista permanecen al asecho, solo el 20% de agricultores pequeños de la Sierra accede a sistemas de riego para sus cultivos; el 8% de nuestra tierra cultivada cuenta con riego tecnificado y el 8% de agricultores accede a un crédito formal en el sector financiero.

Hace un año, la presión ideológica pudo más que el sentido común y la evidencia; la debilidad del Estado frente a grupos intermediarios radicales pudo más que la sincera preocupación por el desarrollo de nuestros emprendedores agrícolas; y el populismo y la mentira fueron más fuertes que la voz de los contribuyentes, quienes una vez más observaron como adelgazaban sus derechos y sueños, mientras engordaban la planilla, la burocracia y el poder del Estado.

Estemos atentos, porque la agenda ideológica de quienes rodean al presidente ha recibido un espaldarazo inesperado con el rechazo de la moción de vacancia, y todo apunta a que la radicalización de medidas populistas y estatistas será la tendencia y la marea que tendremos que prevenir y contener, empezando por la delegación de facultades que se debatirá en breve y que contiene el mismo químico venenoso que nutrió la mal llamada nueva ley de promoción agraria.

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