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EDITORIAL: La casa de al lado, por José Ignacio Beteta

Redacción Vigilante Publicado 7:30 am, 3 Diciembre, 2021

Si algo caracteriza a la mayoría de los escándalos de la política peruana es que casi siempre, o siempre, aparece en ellos una casa de al lado. Por ejemplo en las recientes reuniones del Presidente Castillo en una casa en Breña, una casa en la calle Choquehuanca, San Isidro como la de Pedro Pablo Kuczynski, o quizás, un departamento en Miraflores o San Isidro nuevamente donde se reunieron el expresidente Vizcarra y Keiko Fujimori en dos oportunidades.

En estas casas de al lado, funcionarios que deberían regirse bajo principios y leyes de transparencia y gestión de intereses, junto a incontables personajes oscuros, negocian licitaciones, cargos en el Estado, alianzas políticas, apoyos económicos y planean batallas contra sus enemigos.

En este preciso instante, mientras lees este editorial, algún postulante a un cargo público está pagando -léelo bien- para ocupar una posición en el estado en la que luego recuperará y superará con creces su inversión cobrando coimas por obras que tendrá el poder de adjudicar. Es mas, pagará por ocupar esa posición solo algunos meses, por lo cual deberá apurar la contratación de proveedores, sin importar su idoneidad y si realmente cumplirán con sus obligaciones para la ciudadanía.

También en este instante, las áreas de logística o compras de decenas de gobiernos locales y regionales están dirigiendo contrataciones a postores que, en cash y por debajo de la mesa, están obligados a repartir un porcentaje del monto contratado a una exclusiva cadena de burócratas que termina en el mismísimo alcalde, gobernador regional, y quien sabe en el presidente (actual) de algún partido político, o el mismísimo presidente de la república.

Pero la novedad no está en descubrir que esto existe. La novedad está en que hemos normalizado que en el Estado Peruano exista una “casa de al lado”, una “caja número 2”, un espacio oscuro en el que el 17% del presupuesto de los gobiernos subnacionales y el 14% del presupuesto del gobierno nacional se pierden en corrupción (según la Contraloría General de la República, tomando como referencia el presupuesto del año 2019).

Hemos normalizado a tal punto esta penosa realidad que la congresista Susel Paredes fue capaz de declarar abierta y públicamente que “Él (Castillo) puede ser delincuente, pero no incapaz moralmente”. Y Rocío Silva Santisteban por su parte, atenuar la gravedad del escándalo en el que está envuelto Pedro Castillo afirmando que “la derecha siempre va a querer golpear”. Esto no es aceptable y desde Vigilante queremos cambiar la actitud de los peruanos para que se indignen por aquello que de verdad debería indignarlos profundamente.

No podemos, finalmente, normalizar esta sucia realidad en un país en el que 9 de 10 colegios estatales no tiene ni la infraestructura ni el equipamiento adecuados, 8 de cada 10 peruanos no tienen desagüe, 3 de cada 10 no tienen luz y 4 de cada 10 no tienen agua, o en donde el 24.7% del total de niños menores de 5 años que padecen de desnutrición crónica pertenecen a nuestro Perú rural, ese que sobrevive abandonado por el Estado, a pesar de que éste último aumenta todos los años su gasto en planilla, consultorías y gasto corriente.

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