EDITORIAL: El poder público está preso, por José Ignacio Beteta

Según el Índice de Competitividad Regional (INCORE) del Instituto Peruano de Economía, Puno es la tercera región (puesto 23) menos competitiva del Perú. “La región está en la penúltima posición en los pilares Entorno Económico, Infraestructura y Salud y en el tercio inferior en el pilar Laboral (…) Mientras que, en el aspecto de Salud, presenta la mayor prevalencia de anemia a nivel nacional en niños de entre 6 y 35 meses”.

Un peruano vigilante y comprometido esperaría que los esfuerzos de políticos y autoridades locales y nacionales estén puestos en mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos puneños. ¿Cómo no querer esto? Es más, un puneño que valora su esfuerzo y los impuestos que paga, debería estar triste con la posición que ocupa su región en términos de competitividad.

Sin embargo, algo extraño ocurre en la realidad, y lo que debería estar de pie, anda de cabeza, y lo que debería indignarnos no nos toca. ¿Qué ocurre en Puno para que las cosas vayan tan mal?

En agosto de 2019 Walter Aduviri Calisaya fue encarcelado y vacado del cargo de gobernador regional de Puno. A Aduviri, poderoso y conocido activista anti-minero del sur del Perú, le terminaron reduciendo la condena de modo que dejó la cárcel a fines del año pasado, pero no recuperó su cargo.

Después de su vacancia, asumió el cargo Agustín Luque Chayña, copartidario de Aduviri, pero casi de inmediato (febrero 2021) tuvo que afrontar una investigación por lavado de activos y desbalance patrimonial que hoy probablemente lo lleve a una prisión preventiva de 9 meses.

Ante esta situación, este 3 de noviembre asumió el mando de la región, Germán Alejo Apaza, quien afirmó que una de sus primeras acciones sería luchar contra la corrupción. Con tres cambios de liderazgo en dos años, es imposible generar políticas regionales estables. Pero lo que ocurre en Puno es un reflejo de lo que ocurre en todo el país.

Con tantas autoridades manchadas por la corrupción (otros 19 gobernadores regionales o están en la cárcel o vienen siendo investigados por problemas similares), es imposible construir institucionalidad, formalidad y un contrato social sólido entre Estado y ciudadanía. Si el poder público está preso o en vías de irse a la cárcel, el peruano termina “arreglándoselas” solo, alejado del sistema, indiferente en el debate público, insensible frente al deterioro de nuestro sentido de comunidad. Está claro que la reforma del Estado y la renovación de nuestra clase política es el principal reto que tenemos como país, no para crecer o volver a ser exitosos, sino para salvar nuestro futuro y sobrevivir como proyecto de nación.