¿Cuánto cuesta liberar los peajes de Lima de un contrato?

Aún debemos más de 1.5 millones de dólares al estudio encargadado de la defensa del municipio. Para el Segundo Arbitraje Internacional, que será 06 al 17 de diciembre en París, irán siete funcionarios municipales.

En el 2009 la gestión municipal de Lima firmó un contrato que ahora debe ser anulado. De lograr esto, el cobro de 11 peajes volvería a estar a cargo del municipio de Lima y no en las manos de la empresa Línea Amarilla. Los elementos para llevar a cabo el proceso y ganar son muy claros, declaró una vez el alcalde de Lima, Jorge Muñoz al poco tiempo de iniciar su gestión, en el 2019; sin embargo, para lograr el resultado que esperan se debe seguir pagando con tiempo y dinero. Este problema es una herencia de las gestiones de los exalcaldes Susana Villarán y Luis Castañeda, las cuales han estado tocadas por este las ideas de corrupción, dijo Muñoz, retomando el tema debido a un viaje que debe hacer a inicios diciembre para solucionar el problema de los peajes.

En unos días el pedido de la anulación del contrato llevará a toda una delegación hasta Paris para participar en el Segundo Arbitraje Internacional con la Empresa Línea Amarilla (hoy Limex). Para autorizar el viaje del alcalde y otros siete funcionarios se realizó un debate el jueves 18. Durante la sesión virtual del Consejo Metropolitano hubo algunas intervenciones a favor y en contra, pero finalmente se llegó a aprobar el viaje. El debate se debió al costo y la cantidad de funcionarios que irán a Paris. El monto que la comuna deberá desembolsar por el viaje Muñoz y siete funcionarios más, será de 83, 500 mil dólares. Esto se suma al monto que se le debe pagar al estudio de abogados, Foley Hoag LLP, encargada de la defensa.

¿Cuánto cuesta la defensa de la municipalidad?

“¿Quisiera saber con precisión cuánto se le viene pagando a la fecha al estudio Foley? Precisamente por la defensa de la Municipalidad por este arbitraje”, preguntó Víctor Aguilar de Podemos elegido regidor por Lima. Al respecto, la Procuradora Pública Municipal, Mariela González Espinoza, encargada de sustentar y explicar el motivo del viaje, mencionó que la información sería enviada a los regidores luego de la sesión. Minutos después otro regidor, Jorge Valdez de Somos Perú, insistió con la misma pregunta. “Respondan la pregunta del regidor Aguilar. No creo que en toda la municipalidad no haya un funcionario que no pueda responder”, agregó.

“La cifra que debe pagar el Municipio a la firma de abogados [ Foley Hoag LLP, encarga de la defensa] es de 2 millones 107 mil de dólares. Lo que se ha pagado hasta la fecha son 555 mil dólares con impuestos respectivos”.

En su siguiente intervención González, quien también va a asistir al Arbitraje Internacional y está involucrada con la información sobre las negociaciones con el estudio de abogado y el Tribunal Arbitral, dio la cifra que se pagará. “La cifra que debe pagar el Municipio a la firma de abogados [Foley Hoag LLP] es 2 de millones 107 mil de dólares. Lo que se ha pagado hasta la fecha son 555 mil dólares con impuestos respectivos”, precisó. Es decir que aún falta por pagar más de 1.5 millones de dólares. Este precio dista mucho del cálculo inicial que hizo en julio del 2019 la comuna. En esa fecha se calculó que la salida del contrato costuraría 1 millón 520 mil soles.

¿Por qué deben ir siete funcionarios hasta Paris?

El municipio propuso que la audiencia sea en Lima o Washington D.C., donde queda el estudio de abogados. Por su parte, Lamsac propuso que sea en París o Madrid. La procuradora Gonazales explicó que pese a exponer las razones para que sea en los lugares propuestos por la comuna en diversas oportunidades, no se llegó a ningún acuerdo con Lamsac para llevar a cabo la audiencia. A falta de un acuerdo, el Tribunal Arbitral finalmente decidió que sea en París.

“No me queda otra cosa que aprobar [el viaje]. Pero quiero dejar una reflexión. ¿Qué va a pasar con este equipo si pierden?”

En cuanto a la participación de la delegación, la gerenta de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP), Sarita Vílchez Castellanos, indicó que a pedido del Consejo Metropolitano en el año 2019, los miembros de la GPIP se les encargaron, el análisis completo del caso. En el se encontraron cuestionamientos de orden legal, técnico, económico y financiero sobre las obras viales como los peajes de Lima.

“Es así que como parte de la demanda se está cuestionando tanto la parte de ingeniería y la parte del túnel que es una especialidad geotécnica. También el tema de los ingresos, gastos, estados financieros y modelo económico. Y tema de todas las penalidades, el PEX (pago electrónico) y todo lo que conllevan a la operación y mantenimiento”, expresó Vílchez. Esta intervención sirvió para sustentar el trabajo que realizarán los siete funcionarios que irán, ya que mencionó que ellos conocen el tema y que podrán trabajar en tiempo real con los abogados de la defensa.

Por su parte, el regidor Walter Oyarce, sostuvo que la distancia ya no se mide por kilómetros, haciendo referencia a la tecnología. “El compromiso no está dado por las cercanías, sino que es una actitud. Los resultados se obtienen cuando se forman equipos”, explicó. Sin embargo, votó a favor de que se realice el viaje. “No me queda otra cosa que aprobar [el viaje]. Pero quiero dejar una reflexión. ¿Qué va a pasar con este equipo si pierden?”.

Muñoz, explicó que en algún momento del proceso se planteó al Tribunal Arbitral que la intervención del municipio muni fuese virtual, sin necesidad de tener que viajar, pero el tribunal denegó esa situación, por la naturaleza confidencial que tiene la audiencia. Además, se consultó si podrían asistir de manera virtual, pero el Tribunal contestó que  “la participación virtual en el caso de algún testigo en circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, habiendo escuchado a la contraparte”.

Fiscalización pendiente

Por último, el alcalde resaltó que el dinero será fiscalizado cuando regrese la delegación. “Los costos están fijados por una norma de nivel nacional, esto no significa que la persona que reciba ese dinero se va a quedar con el, sino que tiene que hace una rigurosa rendición de cuentas”, explicó. 

El cargo de los funcionaros que irán: gerente de Promoción de la Inversión Privada, Sarita Vílchez Castellanos; procuradora pública municipal, Mariela González Espinoza; ingeniero Renso Alejandro Martínez Ramírez; la especialista legal de Contratos de Asociaciones Públicos Privadas, Úrsula Reyes Varga; ingeniero de la Gerencia de la Promoción de la Inversión Pública, Jorge Alberto Escajadillo Cumpa; abogado de la Procuraduría Jim Jonathan Ventocilla Rosas y el Especialista Contable de la Gerencia de la Promoción de la Inversión Pública Gustavo Jesús Cortina Villar.

¿Qué llevó a pedir la nulidad del contrato?

El contrato de Concesión del Proyecto de Línea Amarilla se firmó en el año 2009. Diez años después se inició del arbitraje, el 06 de noviembre del 2019, fecha en la que la MM envió la solicitud. Al año siguiente, el 10 de setiembre del 2020, presentó demanda. A fines de ese mismo año contestaron. Un año después, luego de intercambiar información y documentación, se programó la audiencia del 6 al 17 de diciembre del 2021.

El contrato de la concesión de Línea Amarilla alcanzó el monto de 570 millones de dólares. La concesión abarca 25 km que tiene 11 peajes en diferentes zonas de Lima. Al respecto, en el 2019, Muñoz señaló que el contrato de concesión de Línea Amarilla “nació desbalanceado” y que se entregó sin haber un avance importante de las obras.

La controversia empezó por el incremento que se vino dando en los últimos años en la tarifa del peaje en la autopista. Además, en los últimos años se viene investigando presuntos actos de corrupción en las gestiones de los exalcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán con Lamsac.