A un año de los hechos de violencia policial y crisis política del 14 de noviembre pasado, repasamos una cronología de lo ocurrido esa noche. Además, ¿En qué están hoy las denuncias contra policías y funcionarios del gobierno por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado?

Ayer 14 de noviembre, a través de su cuenta de twitter, Killa Sotelo agradecía públicamente la lucha ciudadana conjunta por “justicia, reparación y la no repetición”, a un año del asesinato de su hermano gemelo Inti Sotelo Camargo, a manos de las fuerzas del orden en una fatídica noche de violencia y terror que tuvo como escenario la protesta ciudadana en contra del gobierno de Manuel Merino de Lama, entonces congresista de Acción Popular, quien había asumido la Presidencia de la República, en circunstancias consideradas como ilegítimas.

¿Qué pasó esa noche y la madrugada del 15?

Hace un año, la noche del sábado 14 de noviembre, se llevaba a cabo la segunda Gran Marcha Nacional contra el fugaz gobierno de Manuel Merino, considerado ilegítimo e incluso “usurpador”. Centenares de miles de personas salieron a protestar desde horas de la mañana en diversos distritos de Lima y en otras regiones, por lo que consideraron una afrenta perpetrada por el Congreso de la República en contra de la democracia y la institucionalidad del país. Las protestas habían comenzado el día 9 de noviembre.

Los enfrentamientos de esa noche entre policías y manifestantes en las inmediaciones del Centro de Lima dejaron a más de 200 ciudadanos heridos. Pero además hubo dos jóvenes que fallecieron: Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, e Inti Sotelo Camargo, de 24. Ambos fueron fatalmente heridos esa noche por perdigones de plomo y canicas de vidrio —ejecutados por efectivos de la Policía Nacional del Perú — que acabaron con sus vidas.

Al promediar las 10 de la noche, se daba a conocer, a través de un comunicado oficial de Essalud, el fallecimiento de Jack Bryan Pintado Sánchez. El comunicado señalaba que Bryan “ingresó a las 20:20 horas por heridas de proyectil de arma de fuego (PAF). Fue ingresado al área de shock trauma donde fue atendido por el personal de guardia, quienes se encargaron de notificar que llegó cadáver”.

La noche avanzaba y el clamor ciudadano gritaba que no debía haber un muerto más, que Merino debía renunciar. Lamentablemente, pasadas las 11:30 de la noche, se comunicaba una segunda muerte. Se trataba de Inti. El comunicado oficial de Essalud señalaba: “Paciente varón de 24 años identificado como Inti Sotelo Camargo ingresó por heridas de armas de fuego (PAF) en el tórax a la altura del corazón fue ingresado por ley de emergencia y atendido por el personal de guardia, quienes se encargaron de notificar que llegó cadáver”.

Luego de que se hicieran públicas las muertes de ambos jóvenes, comenzaron las renuncias de los integrantes del Gabinete Merino. Los titulares de las carteras de Agricultura (Fernando Hurtado), Desarrollo e Inclusión Social (Federico Tong), Educación (Fernando D’Alessio), Energía y Minas (Carlos Herrera Descalzi), Economía (José Arista), Mujer y Poblaciones Vulnerables (Patricia Teullet), Comercio Exterior y Turismo (Mara Seminario), Salud (Abel Salinas); Vivienda, Construcción y Saneamiento (Hilda Sandoval); Cultura (María del Carmen de Reparaz), Justicia (Delia Muñoz) e Interior (Gastón Rodríguez) dimitieron en el transcurso de la noche del 14 de noviembre y madrugada del 15, ante la crisis política y el clamor de la ciudadanía en su rechazo. Doce viceministros también anunciaron que dejaban sus cargos. Esa misma noche, el entonces premier Ántero Flores-Aráoz brindó una entrevista a un medio de comunicación y, al preguntársele por la posible renuncia de Manuel Merino, contestó: “Si se va por supuesto me voy con él”. Finalmente, para el mediodía del domingo 15 de noviembre ya los dos habían dejado sus cargos. Merino, con solo seis días en ese cargo dijo al renunciar: “Yo, como ustedes, quiero lo mejor para este país”.

¿Qué pasa hoy?

La “lucha por la justicia, reparación y no repetición” a la que se refiere Killa Sotelo en el tweet mencionado al comienzo de este texto tiene que ver con que hoy, a un año de los hechos, ningún responsable ha sido alcanzado por la justicia. En cuanto a la responsabilidad policial, actualmente hay dos investigaciones que buscan encontrar las responsabilidades de los policías implicados en los hechos de violencia y que se han desarrollado en forma paralela. Una está a cargo de la fiscal Jhousy Aburto, de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. Esta se encuentra en etapa de investigación preparatoria e involucra a once policías, incluyendo altos mandos. La segunda, la del Ministerio del Interior, estaba en su etapa final, pero fue regresada a cero por el Tribunal de Disciplina Policial, instancia que ordenó hoy una nueva investigación para determinar las responsabilidades de los efectivos policiales que planificaron y efectuaron las acciones de represión durante las protestas de noviembre del año pasado.

Paralelamente, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos investigó a Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez Limo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en el marco de las protestas de noviembre 2020. El último 4 de octubre, Ávalos presentó ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra Manuel Merino de Lama, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez, en el que se señala que “incumplieron con su deber constitucional de proteger la vida y la integridad física de los participantes en las movilizaciones”.

Además en la denuncia se sustenta que “Merino de Lama, Flores-Aráoz y Gutiérrez Limo habrían actuado con dolo eventual, toda vez que, desde que asumieron sus mandatos como altos funcionarios del Estado conocían de las manifestaciones sociales que se venían desarrollando desde el 9 de noviembre de 2020 –y que se extendieron hasta el día 15 de ese mes–, dado que estas eran reportadas por los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, e incluso hubo exhortaciones al Estado peruano por parte de organismos internacionales”. 

Sin embargo, mes y medio después, este asunto no avanza en el Congreso y aún está a la espera de su debate.  Mientras tanto, tanto Killa y su familia, como la familia de Bryan Pintado y los cientos de heridos de gravedad siguen a la espera de justicia y reparación.

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