Lo que ocurre en Venezuela despierta nuevamente el debate sobre por qué fiscalizar las ONG en latinoamérica, debido a que este tipo de organismos fueron aprovechados como mecanismo de influencia, incidencia y activismo durante el régimen de Hugo Chávez. Un claro ejemplo de ello fueron las Casas del ALBA, las cuales impartieron un modelo de trabajo que hoy siguen las ONG que financian campañas políticas y discursos de odio y anti empresa.

El Senado paraguayo aprobó una norma que establece “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” con el objetivo de fiscalizar adecuadamente a qué actividades destinan sus fondos las ONGs. En Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen similar que fortalece las funciones de la APCI, pero aún no se encuentra en la agenda del Pleno. 

Se dio el primer paso para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional pueda fiscalizar a las ONGs y a qué actividades destinan los fondos de la Cooperación Técnica Internacional (fondos públicos de otros países). Los datos son reveladores: 1,716 ONGs no fueron auditadas y 1,870 no rindieron cuentas sobre el uso de sus recursos hasta 2023.