Regulación y carga estatal: los riesgos que marcarán las elecciones del 12 de abril

A pocos días de las elecciones generales, la discusión pública se ha centrado en cuántos partidos superarán la valla electoral o en la estabilidad del próximo gobierno. Sin embargo, el verdadero punto crítico está en quiénes ocuparán el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Diputados, y en cómo sus decisiones pueden afectar la eficiencia del Estado, el entorno regulatorio y el uso de los recursos públicos.

Un marco regulatorio que presiona a los pequeños negocios

En los últimos años, el país ha experimentado un incremento sostenido en normas que elevan la carga regulatoria sobre el sector privado. Para José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, estas medidas suelen justificarse como esfuerzos para “fortalecer” al Estado, pero terminan generando efectos adversos para los micro, pequeños y medianos emprendedores, quienes no cuentan con los equipos legales y administrativos que sí poseen las grandes empresas.

Entidades como la administración tributaria y los organismos de fiscalización laboral han ampliado sus facultades y exigencias, lo que incrementa los costos de cumplimiento para los negocios más pequeños. A ello se suman regulaciones ambientales, culturales, sociales y tributarias que, aunque buscan proteger determinados derechos, pueden elevar las barreras de entrada y limitar la actividad económica. «El resultado es un entorno en el que solo las empresas con mayor capacidad financiera logran adaptarse, contribuyendo a la concentración del mercado», añade Beteta.

Decisiones públicas con impacto fiscal y de gobernanza

Otra alerta es el riesgo de que las nuevas autoridades mantengan prácticas que afectan la transparencia y eficiencia del gasto público, como la aprobación de leyes sin sustento técnico, incrementos salariales o bonificaciones sin evaluación fiscal, contrataciones sin criterios meritocráticos y procesos de licitación vulnerables a irregularidades.

Estas decisiones tienen un impacto directo en la calidad del Estado y en la asignación de los recursos provenientes de los contribuyentes. En un contexto de desaceleración económica y alta demanda por servicios públicos, la gestión responsable del presupuesto se vuelve clave para garantizar estabilidad y crecimiento.

Un voto que define el rumbo institucional

En esa línea, el país requiere autoridades que prioricen un Estado eficiente en funciones esenciales, reglas claras para la inversión y un sistema tributario simple y predecible. Las elecciones del 12 de abril no solo determinarán quiénes ocuparán los principales cargos, sino también el tipo de institucionalidad que se consolidará en los próximos años.