¿Una nueva Constitución? El costo real detrás de la propuesta

La idea de una nueva Constitución vuelve a ganar terreno en un país cansado de su clase política. No es casualidad: escándalos de corrupción, abusos de autoridad, un Congreso que incrementa su presupuesto sin sustento técnico y una figura de vacancia usada con ligereza han erosionado la confianza ciudadana. En ese contexto, la propuesta de “cambiarlo todo desde cero” suena atractiva. Pero el camino real dista mucho de la promesa.

Un nuevo Congreso… y más gasto

El primer paso para redactar una nueva Constitución es elegir una asamblea constituyente. Eso implica que, mientras esta trabaja, el Congreso actual sigue funcionando. El resultado es la coexistencia de dos órganos legislativos, lo que en la práctica significa tres cámaras, más asesores, más personal y un incremento inmediato en la planilla estatal. En un país donde 7 de cada 10 soles del presupuesto público se destinan a remuneraciones, no existe evidencia de que una asamblea constituyente reduzca ese gasto. Por el contrario, lo incrementa desde el primer día.

El riesgo de abrir la caja de Pandora

El contenido de una nueva Constitución es imposible de anticipar, pero sí es posible evaluar el contexto político que la produciría. Con un Congreso que aprueba beneficios laborales sin sustento técnico y multiplica su propio presupuesto, no es difícil imaginar un texto que abra la puerta a un gasto público más amplio y menos controlado, que facilite la creación de nuevas empresas estatales sin criterios de eficiencia, o que reduzca los mecanismos de control y contrapeso que hoy existen. También es razonable prever que se generen espacios para nombramientos políticos en sectores estratégicos, replicando prácticas que ya han demostrado ser perjudiciales para la gestión pública.

La experiencia reciente de Chile es ilustrativa: dos procesos constituyentes completos, dos borradores, dos rechazos y cuatro años de desgaste político sin resultados vinculantes. El caso muestra que un proceso de este tipo no garantiza consensos ni soluciones.

Más elecciones, más costos

Un proceso constituyente requiere al menos tres votaciones: la aprobación del proceso, la elección de constituyentes y el referéndum final. Cada elección implica costos logísticos, administrativos y de organización, además del desgaste ciudadano en un país donde las reglas electorales cambian con frecuencia y los debates suelen ser confusos. La carga para los votantes aumenta en un contexto donde muchos ya enfrentan dificultades cotidianas que hacen complejo involucrarse en procesos electorales sucesivos.

Una nueva Constitución puede sonar a solución inmediata, pero su implementación implica más gasto, más elecciones y más estructuras políticas, sin garantías de mejoras reales. En manos de una clase dirigente desprestigiada, el riesgo es abrir la puerta a decisiones improvisadas que comprometan la estabilidad institucional y fiscal del país. Antes que reinventarlo todo, el desafío es fortalecer las instituciones existentes, exigir responsabilidad y evitar que la crisis se convierta en excusa para retrocesos mayores.