Ley CAS dispara el gasto público y abre un nuevo frente de presión fiscal

El Congreso de la República aprobó, y el Ejecutivo promulgó, una norma que otorga beneficios adicionales a los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), equiparándolos parcialmente con otros regímenes del sector público. La medida ha sido presentada como un avance en materia de derechos laborales, pero también ha encendido alertas en el frente económico.

El origen de la norma se encuentra en un texto sustitutorio que acumuló diversos proyectos de ley impulsados por congresistas de distintas bancadas. Entre sus principales promotores destacan Sigrid Bazán y Raúl Doroteo, quienes respaldaron la ampliación de beneficios bajo el argumento de reducir brechas laborales dentro del Estado.

Sin embargo, el punto crítico está en el costo. Según estimaciones del exministro de Economía Alonso Segura, la medida implica un gasto anual cercano a los 3,000 millones de soles. En la misma línea, cifras del Instituto Pulso Fiscal desagregan ese impacto: aproximadamente 2,000 millones de soles se destinarían al pago de gratificaciones y otros 1,000 millones a la CTS, montos que deberán ser cubiertos de manera recurrente por el presupuesto público.

Estas cifras han sido observadas con preocupación por entidades técnicas. Tanto el Ministerio de Economía como el Consejo Fiscal habían advertido sobre los riesgos de aprobar incrementos permanentes de gasto sin una fuente de financiamiento clara. La advertencia es directa: comprometer mayores obligaciones sin ingresos sostenibles presiona el déficit fiscal y reduce el margen de maniobra del Estado.

A pesar de ello, el Ejecutivo optó por promulgar la norma. El presidente José María Balcázar no presentó observaciones, alineándose con la decisión del Congreso y evitando un eventual conflicto político con sectores sindicales que respaldaban la iniciativa.

Más allá del corto plazo, la medida también impacta en la arquitectura del empleo público. La coexistencia de múltiples regímenes laborales —CAS, 728, 276 y el aún incompleto tránsito hacia el Servicio Civil— ya genera distorsiones. La incorporación de beneficios sin una reforma integral podría acentuar esas diferencias y debilitar los incentivos hacia un sistema basado en meritocracia y eficiencia.

El costo que terminará pagando el contribuyente

El debate de fondo no es si los trabajadores CAS deben tener mejores condiciones, sino cómo se financian esas mejoras y bajo qué criterios se asignan. Un incremento anual de 3,000 millones de soles en gasto corriente no es neutro: implica reasignar recursos, aumentar el déficit o elevar la presión tributaria en el futuro.

En un contexto donde la presión tributaria en Perú ronda el 14%–15% del PBI —una de las más bajas de la región—, cada decisión de gasto permanente adquiere mayor peso. Sin crecimiento sostenido de ingresos, estas medidas terminan trasladando el costo al contribuyente, ya sea vía más impuestos, menor inversión pública o mayor endeudamiento.

Además, al extender beneficios sin un rediseño integral del sistema, se posterga nuevamente la reforma del Servicio Civil, clave para ordenar el Estado, mejorar la productividad del empleo público y garantizar que el gasto en planillas tenga un correlato en calidad de servicios.

La ley CAS, celebrada hoy como una conquista laboral, plantea así una pregunta incómoda: ¿puede el Estado asumir nuevos compromisos permanentes sin afectar su estabilidad financiera? La respuesta, más que política, es fiscal. Y sus efectos no serán inmediatos, pero sí inevitables.