Informalidad, ineficiencia y servicios deficientes: las condiciones que bloquean la competitividad

En Puno se trabaja todos los días. Se comercia, se transporta, se produce. Pero ese esfuerzo rara vez se convierte en progreso. No es una percepción. Es una condición estructural: la región sureña ha registrado el menor nivel de formalidad laboral del país en siete de los últimos diez años, según el último Índice de Competitividad Regional (INCORE).

El contraste es inmediato: Arequipa alcanza 6.9 puntos y se ubica en el puesto 3 del ranking, mientras Puno se queda en 4.2 puntos, en el puesto 23. Entre ambos extremos se ubican Cusco (puesto 7) y Ayacucho (puesto 17), que muestran que el problema no es aislado, sino de gradiente. En ese mapa, Arequipa concentra mayor presencia de empleo en empresas de mayor tamaño —un indicador asociado a productividad—, mientras en las otras regiones esa capacidad de escalar es limitada.

Las condiciones que determinan si el esfuerzo se convierte en progreso

El quiebre empieza en el mercado laboral. Incluso fuera del campo, donde deberían concentrarse las actividades más productivas, siete de cada diez trabajadores en el Perú siguen en la informalidad. Es decir, la mayoría trabaja sin contrato, sin estabilidad y sin posibilidad real de crecer. En Puno y Ayacucho, esto es la regla; en Cusco, la economía avanza, pero con una alta informalidad; mientras que Arequipa destaca por una mayor presencia de empleo en empresas grandes, lo que permite mayor productividad y mejores condiciones laborales.

La contradicción es evidente: el país promueve la formalización, pero mantiene un entorno donde formalizarse sigue siendo excepcional. Numerosos impuestos y permisos. El problema no es sólo tributario, es estructural: formalizarse implica enfrentar un sistema que, en la práctica, funciona como barrera de entrada. Según el Índice de Burocracia 2025 de la Asociación de Contribuyentes del Perú, abrir una empresa puede tomar alrededor de 3,300 horas de trámites —casi 140 días—, y mantenerla operativa puede elevar esa carga a más de 6,800 horas al año. Es decir, más de nueve meses de trámites.

Ese tiempo no es neutro: es producción que no ocurre, inversión que se retrasa y empleo que no se crea. En ese contexto, formalizarse deja de ser un paso natural y se convierte en una decisión costosa. No sorprende entonces que la informalidad no sea una anomalía, sino una respuesta racional frente a un sistema que castiga al que quiere crecer.

Ese límite también es institucional. El INCORE muestra que menos de tres de cada diez ciudadanos aprueban la gestión de sus gobiernos subnacionales. Y esa debilidad se refleja en el entorno económico: Arequipa se ubica en el puesto 4, mientras Cusco cae al 12, Puno al 16 y Ayacucho al 20 en este pilar.

Donde la gestión es débil, la economía también lo es. En estos territorios hay menos acceso a crédito, menos empresas que crecen y más dificultades para invertir. El problema no es la ausencia del Estado, sino su efectividad. El propio INCORE muestra que la mitad de los funcionarios públicos requiere capacitación, y que en regiones como Puno cerca de tres de cada diez proyectos no supera los S/500 mil de inversión pública, reflejando fragmentación y baja escala. El gasto existe, pero no genera resultados.

Ese mismo patrón se repite en la infraestructura. En Arequipa, los servicios acompañan la actividad económica: la región alcanza el segundo lugar en este pilar con 7.4 puntos, y destaca por una mayor continuidad en el acceso al agua. En Puno, en cambio, ocurre lo contrario: ocupa el último lugar con apenas 3.99 puntos, ubicándose además entre las regiones con menor acceso a agua y saneamiento del país.

A nivel nacional, el problema es igual de claro. Aunque la cobertura de agua supera el 90% de los hogares, sólo alrededor del 30% accede a agua con niveles adecuados de cloro, según el INCORE. Es decir, el acceso existe, pero no garantiza calidad.

En paralelo, la infraestructura de transporte enfrenta un deterioro crítico: el 67% de la red vial nacional está en mal estado, y en regiones como Cusco esa proporción alcanza el 71%. Esto no solo limita la conexión con mercados, sino que impacta directamente en su principal actividad económica: el turismo. Carreteras deterioradas encarecen el transporte, alargan los tiempos de traslado y reducen la calidad de la experiencia del visitante. Además, restringen el acceso a destinos fuera de los circuitos tradicionales, concentrando la actividad en pocos puntos y limitando su expansión.

El patrón es claro. Donde hay informalidad, mala gestión y servicios deficientes, la economía no escala.