De anfitrión a hotel: el precedente de Indecopi que encarece y desalienta el alquiler por Airbnb

Alquilar una casa de playa o campo durante feriados largos como Semana Santa solía ser una práctica flexible, de baja fricción y con reglas claras entre particulares. Hoy, ese escenario empieza a cambiar. El crecimiento de plataformas como Airbnb —que ya concentran hasta el 65% de las reservas en algunos destinos— ha activado una respuesta regulatoria que redefine la actividad.

Hace unos meses, Indecopi estableció un precedente que modifica el enfoque: si alquilas con frecuencia, haces publicidad o estructuras una oferta, dejas de ser un particular y pasas a ser un proveedor de servicios de hospedaje. Es decir, un negocio sujeto al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El problema no está en la formalización en sí, sino en cómo se está aplicando. El criterio de “habitualidad” no tiene un umbral claro. No hay un número definido de alquileres ni parámetros objetivos que permitan anticipar cuándo una persona será tratada como empresa. La evaluación queda en manos de la autoridad, que analiza la repetición y la lógica del servicio caso por caso. El resultado es incertidumbre regulatoria: el anfitrión no sabe exactamente en qué momento cruza la línea.

A partir de ese punto, las exigencias se elevan de manera significativa. Se exige garantizar condiciones de seguridad en piscinas, instalaciones eléctricas y estructuras, así como advertir de cualquier riesgo potencial en el inmueble. En la práctica, esto traslada estándares cercanos a los de la hotelería formal a propiedades que no necesariamente fueron diseñadas ni operan bajo esa lógica.

Las consecuencias ya son tangibles. Un accidente fatal en una piscina derivó en una multa cercana a las 20 UIT —más de S/ 109,000—, marcando un precedente sobre el nivel de responsabilidad que puede recaer en el anfitrión. A ello se suma un régimen sancionador que permite multas de hasta 450 UIT, además de la exposición a demandas civiles por daños y perjuicios.

El efecto acumulado es claro: se incrementa el costo de operar y se eleva el riesgo legal. Para un anfitrión ocasional, que alquila su propiedad en temporadas específicas, cumplir con estos estándares puede resultar desproporcionado frente a los ingresos que genera.

En la práctica, la regulación empieza a borrar la diferencia entre un hotel y un alquiler temporal gestionado a través de plataformas. Se exige lo mismo, pero sin reconocer las diferencias en escala, estructura y capacidad de cumplimiento.

El resultado previsible es una contracción de la oferta. Menos anfitriones dispuestos a asumir riesgos, precios más altos para los usuarios y menor dinamismo en un segmento que ha contribuido a expandir el turismo hacia zonas donde la oferta hotelera es limitada. El impacto no es menor.