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Pensión docente al alza: el costo fiscal de una decisión sin financiamiento
El Congreso aprobó por insistencia una ley que eleva las pensiones de más de 162 mil docentes jubilados hasta los 3,300 soles mensuales, equiparándolas a la primera escala magisterial. La medida, presentada como un acto de justicia social, implica un salto significativo en el gasto público sin que exista una fuente de financiamiento clara que la respalde.
Redacción Vigilante
Publicado 2:19 pm, 26 marzo, 2026
El cambio es sustancial. Actualmente, los maestros retirados perciben en promedio 800 soles mensuales. Con la nueva norma, ese monto se cuadruplica. Pero el impacto no se limita al beneficiario individual. En conjunto, el costo anual para el Estado pasaría de aproximadamente 1,555 millones de soles a más de 6,400 millones. Es decir, un incremento cercano a los 5,000 millones de soles cada año.
La magnitud del gasto encendió alertas desde el Ejecutivo. El Gobierno de Dina Boluarte observó la ley por considerarla fiscalmente inviable, advirtiendo que no se habían previsto los recursos necesarios para sostenerla en el tiempo. Sin embargo, el Congreso optó por aprobarla por insistencia, dejando de lado las objeciones técnicas.
El problema de fondo no es el objetivo de mejorar las pensiones, sino la forma en que se financia. Aprobar incrementos permanentes de gasto sin ingresos permanentes asociados presiona directamente el equilibrio fiscal. En un contexto donde el déficit ya muestra señales de persistencia, este tipo de decisiones amplía la brecha y reduce el margen de maniobra del Estado.
Además, el costo de oportunidad es evidente. Los recursos comprometidos en esta medida no podrán destinarse a otras áreas críticas como infraestructura, salud o seguridad. Cada sol asignado a una obligación previsional sin respaldo es un sol que se deja de invertir en servicios públicos esenciales.
Desde una perspectiva técnica, el riesgo no es inmediato, sino acumulativo. El aumento no solo eleva el gasto actual, sino que genera una obligación permanente que crecerá con el tiempo. En sistemas previsionales ya tensionados, este tipo de decisiones puede agravar problemas estructurales y trasladar el costo a futuras generaciones.
La discusión, entonces, no es solo sobre justicia social, sino sobre sostenibilidad. Sin un sustento financiero claro, medidas como esta pueden terminar debilitando la estabilidad económica que buscan proteger. Porque cuando el gasto se decide sin cálculo, la factura no desaparece: se traslada. Y, en última instancia, la terminan pagando todos los contribuyentes.