Orden, guerra y Estado: la apuesta de José Williams frente al avance del crimen

José Williams no llega a la campaña presidencial como un político tradicional. General en retiro del Ejército del Perú, su nombre está directamente asociado a la Operación Chavín de Huántar, el operativo que en 1997 permitió rescatar a 72 rehenes retenidos por el MRTA en la residencia del embajador de Japón. Ese antecedente no es menor: define el eje sobre el que hoy construye su propuesta de gobierno.

En las elecciones de 2026, Williams encabeza la fórmula presidencial de Avanza País junto a Fernán Altuve y Adriana Tudela. Su perfil combina experiencia militar, paso por el Congreso y una narrativa centrada en el orden, la autoridad y la recuperación del control del Estado frente al crimen.

Durante el debate presidencial del 23 de marzo, en el que compartió escenario con Rafael López Aliaga y Álex Gonzales, Williams introdujo una de las propuestas más disruptivas de la campaña: declarar un “estado de guerra” contra la delincuencia.

No se trata —según precisó— de un estado de emergencia ni de la suspensión de derechos civiles. La propuesta apunta a elevar la seguridad a una prioridad absoluta de gobierno, reorganizando los recursos del Estado bajo una lógica de combate sostenido contra el crimen organizado.

El planteamiento implica operativos permanentes en zonas de alta criminalidad, despliegues ininterrumpidos de fuerzas policiales, uso intensivo de inteligencia operativa y el respaldo de las Fuerzas Armadas en tareas estratégicas. A esto se suma un elemento central: una cadena de mando clara que reduzca la fragmentación institucional que hoy limita la respuesta del Estado.

La propuesta no es retórica. Williams la sustenta en su propia trayectoria. No habla de seguridad desde el diseño técnico o la gestión administrativa, sino desde la experiencia en operaciones militares reales contra Sendero Luminoso y el MRTA. En el debate lo dejó claro: “Seré el presidente que ningún delincuente quisiera tener”.

En el plano ideológico, se ubica en una línea de centro-derecha: defiende la economía de mercado, la institucionalidad democrática y la modernización del Estado. Sin embargo, su enfoque en seguridad rompe con el tono predominante de su propio sector. Mientras otros candidatos plantean ajustes graduales —más presupuesto, reformas policiales o mejoras administrativas— Williams propone un cambio de enfoque.

No es una reforma incremental. Es una redefinición del problema.

La idea de “guerra” traslada la lucha contra la delincuencia desde el ámbito policial hacia una lógica de confrontación permanente, con componentes de inteligencia, control territorial y coordinación operativa que hoy no existen de forma integrada. En términos prácticos, supone tratar al crimen organizado como una amenaza de seguridad nacional, no solo como un fenómeno delictivo.

El atractivo de esta propuesta se explica por el contexto. El avance del sicariato, la expansión de las redes de extorsión y la percepción de un Estado ausente han erosionado la confianza ciudadana en las estrategias tradicionales. En ese escenario, la radicalidad deja de ser un costo político y se convierte en una ventaja competitiva.

Pero esa misma radicalidad plantea interrogantes. La viabilidad de una estrategia de “guerra” en un marco democrático depende de su diseño institucional, de los límites operativos y del equilibrio entre eficacia y respeto al Estado de derecho. No es solo una cuestión de voluntad política, sino de cómo se ejecuta sin desbordar las reglas que sostienen el sistema.

Williams apuesta por un Estado más fuerte, más centralizado en la toma de decisiones y más agresivo en la respuesta. La pregunta que deja abierta su candidatura es si ese giro es capaz de recuperar el control sin alterar los equilibrios que busca defender.