López Chau entre contradicciones y un pasado polémico que amenazan la estabilidad económica

Pablo Alfonso López-Chau Nava, nacido en el Callao en 1950, es economista con una trayectoria centrada en la academia. Fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, designado por el Congreso. Hoy lidera Ahora Nación en su intento por llegar a la presidencia en 2026, bajo una narrativa de descentralización y poder regional. Pero detrás del perfil técnico que busca proyectar solvencia, su incursión política no es neutra: se ancla en una línea ideológica que impulsa cambios constitucionales, mayor intervención estatal y una redefinición del modelo económico, marcando desde el inicio el sesgo de su propuesta.

Señales de alerta

El principal problema de López Chau no es la falta de propuestas, sino la inconsistencia entre lo que plantea, lo que ha dicho y lo que ha hecho.

Su plan de gobierno habla de “respeto irrestricto del marco constitucional”. Sin embargo, en campaña ha sostenido que el Perú “necesita una nueva Constitución”. La contradicción es directa: no se puede ofrecer estabilidad mientras se abre la puerta a cambiar las reglas de juego que han generado crecimiento económico. En un país que depende de la inversión, esa ambigüedad no es un detalle, es un gran riesgo para el desarrollo de su población.

Algo similar ocurre con su postura sobre las reservas del Banco Central de Reserva del Perú. En el debate público planteó utilizarlas para financiar inversión. La idea fue cuestionada por una razón básica: las reservas no son un fondo disponible, son un seguro macroeconómico. Usarlas implica debilitar uno de los pilares de estabilidad del país. Lo más preocupante es que esta propuesta no figura en su plan de gobierno, lo que evidencia una desconexión entre discurso y documento técnico, pese a su paso por el propio directorio del BCRP.

A esto se suma su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. El Ministerio Público lo acusó por presunto delito de colusión vinculado a la designación de una funcionaria que no cumplía los requisitos. Según la fiscalía, esto habría generado un perjuicio de más de S/ 180,000. El caso incluye pedido de pena e inhabilitación y sigue en etapa judicial. No es un tema menor: habla de cómo administra recursos públicos.

En paralelo, un reportaje del programa Contracorriente cuestionó el uso de recursos de la UNI en eventos denominados “5 Hélices”, realizados entre 2021 y 2025. Aunque no se probó proselitismo directo, el uso de una institución pública en actividades con exposición política levanta dudas sobre el límite entre gestión pública y posicionamiento político.

También se detectaron inconsistencias en su información patrimonial: una diferencia de más de S/ 800 mil entre lo declarado ante la Contraloría y lo presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Su entorno lo atribuyó a un cambio de moneda, pero el episodio vuelve a poner sobre la mesa la falta de claridad.

A ello se suma la omisión de su participación en la empresa Centro Médico Gestión & Salud S.A.C. en su hoja de vida. Aunque su partido lo calificó como un error formal, se trata de información obligatoria.

El componente más delicado aparece en su pasado político. En 1989, en una columna, calificó a Víctor Polay Campos como “luchador social” y “luchador político”. El candidato reconoce el texto, afirma que hoy no lo escribiría igual y sostiene una condena “absoluta” al terrorismo. Sin embargo, el episodio sigue generando cuestionamientos sobre su posición en un periodo crítico marcado por la violencia de grupos como el MRTA.

Además, confirmó haber estado en prisión en los años 70. Según su versión, fue una persecución política; sin embargo, el registro señala detención por asalto y robo. Aunque no tiene antecedentes vigentes, el hecho forma parte de su historial.

En conjunto, estos elementos configuran un patrón: inconsistencias, vacíos y decisiones cuestionadas en espacios donde se esperaba mayor rigor.

Qué propone y qué implica para el contribuyente

El plan de Ahora Nación plantea financiar infraestructura mediante Obras por Impuestos, canon y APP. También propone impulsar empleo juvenil con subsidios y beneficios tributarios, crear un régimen simplificado para la formalización, establecer un Fondo Soberano de Riqueza y mantener —en el papel— el respeto constitucional.

El problema no es lo que suena bien, sino lo que no se explica.

En inversión, recurrir a Obras por Impuestos no es nuevo. Entre 2009 y 2025 se adjudicaron 1105 proyectos por S/ 16,969 millones, según ProInversión. El mecanismo funciona. Pero el plan no dice cómo escalarlo ni resolver los cuellos de botella. Es una repetición de herramientas existentes, no una estrategia.

En formalización, propone subsidios y simplificación. La intención es correcta, pero el diseño es débil. No se detallan costos ni mecanismos. El problema estructural es mayor: un trabajador formal puede ser hasta tres veces más productivo que uno informal, y más del 80% de las mypes sigue en la informalidad. Sin reducir la carga regulatoria real, estos incentivos son paliativos.

En el rol del Estado, el plan reconoce al mercado como motor de crecimiento, pero con intervención estatal sin límites claros. La evidencia es contundente: entre 2004 y 2019 la pobreza cayó de 59% a 20%, según el Banco Mundial, gracias al crecimiento económico. Introducir mayor discrecionalidad estatal sin reglas definidas abre la puerta a casos como Petroperú, que ha requerido rescates millonarios trasladados al contribuyente.

Sobre financiamiento, el Fondo Soberano parte de una premisa equivocada: el Perú no tiene superávit sostenido. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el país registró déficit de 2.8% del PBI en 2023 y 2.5% en 2024. No hay excedentes. A esto se suma la insinuación de usar reservas internacionales —más de US$ 70,000 millones—, lo que debilitaría la estabilidad macroeconómica. No es una solución, es un riesgo.

Finalmente, el tema constitucional. Mientras el plan habla de respeto al marco vigente, el candidato insiste en cambiarlo. La experiencia es clara: con la Constitución de 1993 no solo se redujo la pobreza, el PBI creció alrededor de 5% anual, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Alterar ese marco introduce incertidumbre, afecta la inversión y golpea directamente el empleo y el crecimiento.

El perfil es claro: López Chau construye un discurso que intenta conciliar mercado y Estado, estabilidad y cambio, técnica y política. Pero en esa combinación aparecen contradicciones, vacíos y señales que generan más dudas que certezas. Para el contribuyente, el riesgo no está solo en lo que propone, sino en la falta de coherencia que define su candidatura.