Jorge Nieto no es un outsider: de la militancia comunista a investigado en el caso Villarán

Jorge Nieto no es el candidato técnico, ponderado y reflexivo que hoy intenta proyectar. Tampoco es un recién llegado a la política ni un académico que decidió dar el salto al poder. Su historia es otra: Nieto se formó políticamente en el entorno del Partido Comunista Revolucionario, en su línea Trinchera Roja, uno de los núcleos más duros de la izquierda comunista universitaria de los años setenta. No fue un episodio menor ni aislado. Fue su punto de partida. Las “memorias militantes” del comunismo peruano lo ubican dentro de esos círculos de discusión y organización política en la PUCP, no como un actor accidental, sino como parte activa de ese ecosistema ideológico. Su propio relato da cuenta de sus inicios, y aunque no hay registros de sus acciones de militancia, tampoco se trata de un pasado irrelevante.

Esa formación ideológica no desaparece en su trayectoria posterior. Nieto no desapareció de la política: cambió de espacio. Se movió hacia organismos internacionales, acumuló redes, construyó capital técnico. Y con eso volvió. Cuando llegó al poder, ya no era un militante universitario. Era ministro. En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ocupó dos carteras: Cultura y Defensa. No fue un actor menor. Estuvo en el núcleo del Ejecutivo. Y sin embargo, su paso por el gobierno no dejó una agenda reconocible ni reformas que hoy puedan defender su candidatura. Estuvo en el poder, pero no generó mejoras para el país.

Años después, su nombre volvió a aparecer en momentos clave de crisis política. Durante el gobierno de Pedro Castillo fue convocado para conversaciones y considerado para la Presidencia del Consejo de Ministros. No asumió el cargo, pero no estuvo lejos. Su rol fue el de interlocutor: alguien que no entra, pero siempre está cerca. Ese patrón se repite hoy. Nieto intenta presentarse como una alternativa frente al deterioro institucional, pero mantiene conexiones que lo acercan al mismo poder que cuestiona. Ha negado cercanía con Dina Boluarte, pero los hechos muestran otra cosa: Morgan Quero —hoy ministro de Educación y figura del gabinete de Boluarte— trabajó previamente con Nieto; Jimena Guevara —quien se desempeñó como coordinadora parlamentaria en el entorno del gobierno de Boluarte— fue incorporada inicialmente en su lista política; y el propio Nieto reconoció que Nicanor Boluarte, operador político clave y hermano de la presidenta, se acercó al proyecto de su partido e incluso adquirió el kit electoral. No es una alianza formal. Pero tampoco es distancia.

En paralelo, su candidatura carga con un frente más delicado: una investigación fiscal por presunto lavado de activos en el caso Villarán, vinculada a pagos de OAS y Odebrecht. ¿Cómo aparece Nieto en ese expediente? Según la tesis fiscal, su nombre se vincula a pagos que habrían sido canalizados como contraprestación por asesorías políticas en el entorno de la campaña del “No” a la revocatoria de Susana Villarán. Parte de esas versiones provienen de declaraciones de colaboradores eficaces, como José Miguel Castro, exgerente municipal, quien señaló que constructoras como OAS habrían asumido pagos vinculados a servicios políticos prestados. Los montos atribuidos varían —US$60 mil, US$120 mil, hasta US$129 mil según distintas reconstrucciones—, pero el punto no es la cifra exacta. Es el hecho de que está dentro de uno de los mayores esquemas de financiamiento político bajo investigación en el país. Nieto lo niega. Pero el expediente sigue abierto.

Su partido tampoco escapa a los cuestionamientos. El Partido del Buen Gobierno figura entre las organizaciones con firmas observadas en su proceso de inscripción ante el Reniec: más de 1.500 rúbricas fueron marcadas como irregulares, muchas de ellas con patrones repetidos de “puño gráfico”, es decir, trazos similares que sugieren que habrían sido llenadas por una misma mano. El caso no quedó en una alerta administrativa. El Jurado Nacional de Elecciones presentó denuncias contra personeros vinculados al proceso, en el marco de una revisión más amplia de padrones partidarios con afiliaciones cuestionadas. Aunque no existe, hasta ahora, una imputación penal directa contra Nieto por estos hechos, el problema afecta el origen mismo de la organización que lo lleva a la contienda: un partido cuya base de inscripción arrastra dudas sobre su autenticidad.

Y su hoja de vida añade otra capa que no pasa desapercibida: las inconsistencias. En 2021 enfrentó un proceso de exclusión por no declarar acciones en una empresa de la que era socio fundador y gerente, el Instituto Internacional para la Cultura Democrática S.A.C. La exclusión no prosperó. Cinco años después, el patrón reaparece. En su hoja de vida de 2026 declara cinco inmuebles —dos en México y tres en Perú, ubicados en zonas como Punta Hermosa y Lurín—, valorizados en conjunto en más de un millón de dólares. Sin embargo, reportes noticiosos han advertido observaciones sobre posibles bienes no registrados y discrepancias en sus ingresos: años en los que figura sin ingresos declarados pese a mantener un patrimonio significativo, frente a otros donde consigna rentas como S/180 mil anuales sin mayor detalle sobre su origen.

A eso se suma un elemento simbólico que nunca desaparece: es sobrino de Vladimiro Montesinos, aunque no hay evidencia de una relación política.

Jorge Nieto no es un outsider. No es un académico que llega por primera vez al poder. Es alguien que se formó en la izquierda radical, que ha estado dentro del Estado, que ha sido considerado en momentos críticos, que mantiene conexiones con el entorno político actual y que hoy enfrenta cuestionamientos fiscales, electorales y patrimoniales. Su discurso puede ser moderado. Su trayectoria no lo es.