Minería informal y menos inversión: los riesgos de la nueva ofensiva legislativa frente a las concesiones «ociosas»

El avance de la minería informal e ilegal en el Perú ha reabierto el debate sobre el uso y la gestión de las concesiones mineras. Miles de operadores han tomado, en la práctica, áreas que ya cuentan con un titular legal, generando conflictos, pérdida de control territorial y una creciente presión sobre el marco normativo vigente. En este contexto, desde el Congreso se impulsa una iniciativa que plantea limitar el tiempo de vigencia de aquellas concesiones que no han sido exploradas, calificándolas como “ociosas”.

El diagnóstico, sin embargo, parte de una premisa errónea: que estas concesiones carecen de uso o función económica. En la práctica, una concesión minera no explorada no equivale a inactividad. Se trata, en muchos casos, de activos estratégicos dentro de planes de inversión de largo plazo, sujetos a condiciones técnicas, financieras y regulatorias que no dependen únicamente del titular.

Uno de los factores centrales que explican estos tiempos es la propia burocracia estatal. Los procesos para obtener permisos, certificaciones ambientales, autorizaciones de uso de agua o acceso a terrenos pueden extenderse por años, retrasando el inicio efectivo de actividades de exploración. Más de 100 trámites para obtener la licencia. En ese escenario, reducir arbitrariamente los plazos de las concesiones no soluciona el problema de fondo: la ineficiencia del aparato público.

A ello se suma la naturaleza misma del negocio minero. La exploración y explotación de recursos requiere planificación a largo plazo, gestión de riesgos y previsibilidad jurídica. Las concesiones cumplen una función clave como reserva de valor y como mecanismo de protección de inversiones que, muchas veces, demandan largos periodos de maduración antes de volverse operativas. Por ejemplo, en el Perú, un proyecto minero puede tardar hasta 30 o 40 años desde el hallazgo hasta la operación, muy por encima del promedio internacional (16 años).

Limitar estos plazos, sin corregir previamente los cuellos de botella institucionales, podría tener efectos contraproducentes. Proyectos en cartera podrían volverse inviables, afectando la generación de empleo, la recaudación fiscal y la llegada de capitales. En un sector donde la confianza es determinante, cambios abruptos en las reglas de juego elevan la percepción de riesgo país.

Cabe recordar que no se trata de un sector menor. La minería explica más del 12% del PBI, cerca del 60% de las exportaciones y más del 20% de la inversión privada.

En paralelo, la propuesta legislativa no aborda el problema más urgente: la expansión de la minería ilegal y buena parte de la informal. Mientras la primera opera al margen de toda regulación y control, la segunda —aunque heterogénea— suele carecer de estándares ambientales y laborales adecuados. Ambas dinámicas, lejos de ser contenidas, podrían verse incentivadas si se debilita la presencia de operadores formales en el territorio.

El resultado es un escenario de “canibalización” del sector: menos inversión formal, más ocupación irregular de concesiones y una actividad extractiva crecientemente desordenada, precaria y con altos costos sociales y ambientales.

El debate, por tanto, no debería centrarse en penalizar la supuesta inacción de las concesiones, sino en corregir las fallas estructurales que impiden su desarrollo. Sin una reforma del Estado que agilice procesos y garantice seguridad jurídica, cualquier intento de recorte de plazos corre el riesgo de agravar el problema que pretende resolver.