Servicios por Impuestos: el cambio en OxI que podría impulsar inversión en regiones

La reciente actualización del reglamento de Obras por Impuestos (OxI) introduce un cambio que puede tener impacto directo en regiones con baja ejecución del gasto público. Se trata de la modalidad Servicios por Impuestos, que permitirá que empresas privadas financien no solo infraestructura, sino también servicios de salud, educación y saneamiento.

El cambio apunta a una brecha conocida. En varias regiones del país, especialmente aquellas con actividad extractiva, conviven ingresos elevados —por el canon y las regalías— con una baja inversión pública. Pero el problema no es la falta de recursos, sino la deficiencia para convertirlos en obras. Solo en 2025, las transferencias por minería superaron los S/ 10,000 millones. Sin embargo, 13 de 25 gobiernos regionales dejaron sin gastar más de S/ 1,200 millones de su presupuesto de inversión. Hacia el cierre del año, la ejecución apenas bordeaba el 60% en promedio, y en algunos casos ni siquiera superaba el 50%.

Una alternativa frente a la baja ejecución

Frente a ese escenario, el mecanismo Oxl —creado en 2009— ofrece una salida concreta: permite que empresas privadas financien y ejecuten proyectos públicos y luego recuperen esa inversión mediante certificados aplicables al pago de impuestos. En la práctica, convierte impuestos futuros en inversión inmediata a favor de la población y en obras que se ejecutan sin los retrasos habituales del gasto público.

Con el nuevo reglamento, ese alcance se amplía e incorpora la posibilidad de financiar servicios vinculados a la infraestructura, como la operación de hospitales, programas educativos o el mantenimiento de sistemas de agua.

En esa misma línea, el cambio más relevante en materia tributaria es la ampliación del uso de los certificados: ya no se aplican solo al impuesto a la renta, sino también a otros tributos administrados por la SUNAT (como el IGV, el ISC y el ITAN), hasta por el 80 % de la deuda tributaria. Este ajuste no solo flexibiliza el mecanismo, sino que permite que una mayor parte de la carga tributaria empresarial se canalice directamente en inversión pública. Esto mejora los incentivos para la participación de la inversión privada —particularmente de los sectores minero, energético y financiero— donde se concentra una parte importante de la recaudación.

Las cifras reflejan el impacto del mecanismo. Desde su creación, Obras por Impuestos ha movilizado más de S/ 16,900 millones en inversión pública y ha permitido ejecutar más de 1,080 proyectos, según datos de ProInversión. Solo al cierre de febrero de 2026, se adjudicaron 67 intervenciones por S/ 1,149 millones. Aun así, el margen de acción es considerable: para 2026, los gobiernos regionales y locales cuentan con una capacidad de hasta S/ 66,800 millones para ejecutar proyectos mediante este mecanismo, especialmente en sectores como salud, educación, transporte y otros.

Bajo este esquema, el mecanismo no sustituye al Estado, pero sí mejora la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En contextos donde la ejecución del gasto es limitada, permite que los impuestos se transformen en servicios concretos en menor tiempo y con mayor previsibilidad. Y el impacto ya es visible en regiones: Proyectos como el Hospital de Moquegua, el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Cusco y la carretera Chacas–San Luis en Áncash muestran cómo este mecanismo ha permitido ejecutar inversiones en beneficio de los peruanos.

Con la incorporación de Servicios por Impuestos, el sistema amplía su capacidad para cerrar brechas en servicios públicos. En regiones con recursos disponibles, el reto deja de ser la falta de presupuesto y pasa a ser la eficiencia en su uso. En ese punto, el mecanismo ofrece una vía para que la inversión privada contribuya directamente a resultados concretos para la población.