Más presión tributaria y cambio del modelo económico marcan el plan de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú

Roberto Sánchez Palomino, de 57 años, figura como candidato presidencial y representante legal de Juntos por el Perú. Nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral (Lima) y registra formación universitaria en Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, además de estudios de posgrado.

En el plano político y de gestión pública, su principal antecedente es haber integrado el Ejecutivo: Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre, Sánchez es investigado por presuntos delitos de rebelión y conspiración por presuntamente haber avalado el quiebre constitucional. La pesquisa fiscal continúa su curso. Esa etapa también fue clave porque, desde el propio rol ministerial, Sánchez participó de una narrativa pro-inversión y de apertura comercial; pero hoy encabeza una candidatura respaldada por un plan que declara “repudiar el neoliberalismo” y “la sacralización del mercado”.

La gestión de Sánchez al frente del Mincetur entre julio de 2021 y diciembre de 2022 dejó un balance pobre en términos de resultados. Su paso por el ministerio coincidió con el periodo en que el turismo peruano debía acelerar su recuperación tras la pandemia, pero la reactivación fue lenta y sin una estrategia clara para recuperar el flujo internacional. Más allá de anuncios como Turismo Emprende o campañas de promoción del turismo interno, no se impulsaron reformas ni medidas de fondo para mejorar la competitividad del sector. Los resultados reflejan esa inercia: en 2022 el Perú recibió cerca de 2 millones de turistas extranjeros, menos de la mitad de los 4.4 millones que llegaron en 2019. En la práctica, su gestión se limitó a administrar la crisis del sector sin lograr una recuperación significativa.

Propuestas del plan y su impacto para el contribuyente

El plan de gobierno de Juntos por el Perú plantea elevar la presión tributaria del 14% al 25% del PBI, eliminar o reformar el 100% de las exoneraciones tributarias y aplicar impuestos a las sobreganancias e incluso a grandes fortunas en contextos de crisis. Desde una mirada centrada en el contribuyente, el riesgo es que el aumento de recaudación recaiga sobre la misma base formal que ya sostiene el sistema. En un país donde más del 70% del empleo es informal, elevar impuestos puede incentivar que más empresas y trabajadores permanezcan fuera del sistema, reduciendo inversión y empleo formal. Además, eliminar beneficios tributarios puede afectar sectores productivos relevantes. Un ejemplo es el régimen agrario: bajo la Ley de Promoción Agraria, el empleo formal pasó de menos de 100 mil trabajadores a inicios de los 2000 a más de 400 mil en 2019, mientras las exportaciones crecieron de US$ 600 millones a más de US$ 7,000 millones.

En el plano institucional, el plan de Sánchez propone repudiar el modelo económico vigente, revisar contratos-ley y el arbitraje internacional, y convocar una Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna. No obstante, las reglas vigentes han sido claves para atraer inversión de largo plazo: hoy la inversión privada representa cerca del 80% de la inversión total del país, mientras la minería explica alrededor del 10% del PBI y más del 60% de las exportaciones. Cuestionar este marco introduce incertidumbre sobre las reglas económicas y puede frenar las inversiones. Si la inversión se desacelera, también lo hacen el empleo formal y la base tributaria futura, reduciendo los ingresos del Estado y trasladando el costo al contribuyente mediante mayores impuestos o mayor endeudamiento.

El programa también plantea ampliar el rol empresarial del Estado en sectores estratégicos y rechaza la privatización de Petroperú. Sin embargo, la experiencia reciente muestra riesgos fiscales: la empresa estatal registró pérdidas superiores a US$ 2,000 millones en 2022, más de US$ 1,000 millones en 2023 y alrededor de US$ 774 millones en 2024, además de resultados negativos en 2025. Para sostener su operación, el Estado ha otorgado capitalizaciones, garantías y respaldo financiero que superan los US$ 4,000 millones, trasladando el riesgo al presupuesto público.

Finalmente, en seguridad ciudadana el plan propone crear una unidad especializada en inteligencia financiera y ciberdelito para combatir la extorsión y el lavado de activos, además de una reforma de la Policía Nacional. El enfoque es consistente con estándares modernos de lucha contra el crimen, especialmente considerando que la victimización urbana alcanza el 27.7% y solo el 16.7% de las víctimas denuncia, según el INEI. Pero el reto está en la ejecución: el Presupuesto 2025 ya destina S/ 15,532 millones a seguridad, por lo que nuevas unidades y reformas podrían incrementar el gasto y la burocracia si no se integran sistemas entre PNP, Fiscalía, UIF, Sunat y SBS ni se establecen metas claras de resultados.