Tribunal Fiscal y Sunat: un contrapeso en cuestión

El Tribunal Fiscal, la última instancia administrativa encargada de resolver controversias entre los contribuyentes y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para actuar como un contrapeso real frente a la administración tributaria.

En teoría, el organismo —adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— debe revisar de manera técnica e imparcial las apelaciones presentadas por los contribuyentes contra resoluciones de la Sunat. Su función es evaluar la legalidad y consistencia de las decisiones de la administración tributaria antes de que los casos lleguen al Poder Judicial.

Sin embargo, desde distintos sectores se ha advertido que el Tribunal estaría perdiendo ese rol de equilibrio dentro del sistema fiscal. Para algunos especialistas, la dinámica de los últimos años refleja una tendencia en la que muchas resoluciones terminan confirmando los criterios de la administración tributaria, lo que alimenta la percepción de que el organismo no actúa como una verdadera instancia de control.

A ello se suma la carga procesal que enfrenta la institución. De acuerdo con estadísticas del propio MEF, el Tribunal Fiscal cerró noviembre de 2025 con 11,267 expedientes pendientes de sesión, lo que evidencia la presión constante sobre el sistema de resolución de controversias tributarias y el volumen de apelaciones presentadas por contribuyentes.

Este contexto ha llevado la necesidad de fortalecer la independencia del organismo. Desde esta perspectiva, la Asociación de Contribuyentes del Perú sostiene que el Tribunal debería cumplir un papel clave para equilibrar la relación entre el Estado y los contribuyentes, especialmente frente a la amplia capacidad de fiscalización y sanción de la Sunat.

Designación y debate sobre independencia

Las críticas se intensificaron tras la designación de Luisa Ysila Castillo Soto como presidenta encargada del Tribunal Fiscal. La funcionaria tiene más de tres décadas de trayectoria en la Sunat, donde ocupó cargos de alto nivel, entre ellos el de intendenta de Principales Contribuyentes Nacionales, área encargada de supervisar, fiscalizar y administrar el cumplimiento tributario de las empresas que concentran la mayor recaudación del país. El hecho de que una ex alta funcionaria de la administración tributaria asuma la conducción del organismo que revisa las decisiones de la Sunat ha generado cuestionamientos en algunos sectores sobre la percepción de independencia del sistema.

El debate también ha puesto en el centro el diseño institucional del sistema tributario peruano. Actualmente, el contribuyente primero enfrenta una fiscalización de la Sunat, luego apela ante el Tribunal Fiscal —que forma parte del aparato administrativo del Estado— y solo después puede acudir al Poder Judicial.

En este esquema, el Tribunal Fiscal debería actuar como un filtro técnico que revise y, de ser necesario, corrija las decisiones de la administración tributaria. Si ese rol se debilita, el contribuyente queda prácticamente obligado a judicializar sus casos para obtener una revisión independiente. El cuestionamiento, por tanto, no se limita a una persona o a una gestión específica, sino a la necesidad de garantizar que el sistema funcione con reglas claras y suficiente autonomía frente al poder fiscal del Estado.