Fondos de cooperación bajo control: APCI activa sistema de fiscalización a ONG’s

La fiscalización a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben cooperación internacional ya entró en fase operativa. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) aprobó en febrero de 2026 su Guía de Fiscalización, documento que establece cómo se realizarán las supervisiones sobre el uso de recursos provenientes del exterior.

La medida forma parte de la reforma legal aprobada por el Congreso en 2025 que amplió las facultades del Estado para supervisar a las organizaciones que gestionan cooperación internacional. La norma modificó la Ley 27692 y estableció que estas entidades deben registrar sus proyectos, programas y ejecución de gastos ante la APCI.

Con la aprobación de la guía y del Plan Anual de Fiscalización 2026, el Estado fija por primera vez un procedimiento operativo que permite revisar cómo se utilizan los recursos que llegan desde el extranjero a través de ONG y otras entidades receptoras de cooperación técnica internacional.

El debate sobre este control ha sido recurrente en el país debido al volumen de recursos que moviliza la cooperación internacional. Según cifras oficiales citadas por el propio sector, en el Perú operan alrededor de 375 organizaciones que canalizan cerca de 300 millones de dólares al año en cooperación externa, un flujo de recursos que históricamente ha tenido niveles limitados de supervisión estatal.

Cómo funcionará la fiscalización

La nueva Guía de Fiscalización establece un procedimiento estructurado que la APCI deberá seguir para supervisar a las organizaciones registradas que gestionan cooperación internacional.
El proceso comienza con la planificación anual de las fiscalizaciones, donde la agencia define qué organizaciones, proyectos o programas serán revisados según criterios de riesgo, volumen de recursos administrados o antecedentes de cumplimiento.

Luego se inicia la fase de requerimiento de información, en la que la APCI puede solicitar documentos financieros, reportes de ejecución de proyectos, contratos, convenios de cooperación y cualquier otra evidencia relacionada con el uso de los fondos.

La guía también permite verificaciones directas sobre el terreno, incluyendo visitas a proyectos financiados con cooperación internacional y entrevistas con responsables de las organizaciones o con beneficiarios de los programas ejecutados.

Finalmente, la fiscalización concluye con la elaboración de informes técnicos, donde la APCI determina si la organización cumplió con las obligaciones establecidas por la ley, si existen observaciones o si corresponde iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

Registro, trazabilidad y control de recursos

La guía también refuerza obligaciones que ya habían sido introducidas en la reforma legal del sistema de cooperación internacional.

Entre ellas destacan:

• Registro obligatorio de proyectos y actividades financiados con cooperación internacional.
• Reporte de la ejecución de gastos asociados a esos proyectos.
• Declaración de las fuentes de financiamiento provenientes del exterior.
• Actualización permanente de la información en los registros de la APCI.

Estos mecanismos buscan mejorar la trazabilidad del flujo de recursos internacionales que financian programas sociales, ambientales, educativos o de desarrollo.

Transparencia en el uso de fondos

El nuevo esquema introduce un principio básico que durante años estuvo ausente en el sistema de cooperación internacional: la supervisión efectiva del uso de recursos que ingresan al país con fines públicos o de incidencia en políticas públicas.

El fortalecimiento de la fiscalización no solo apunta a detectar irregularidades o uso indebido de fondos, sino también a garantizar que las organizaciones que reciben financiamiento internacional operen bajo estándares mínimos de transparencia y rendición de cuentas.

La puesta en marcha de la Guía de Fiscalización y del Plan Anual de Fiscalización marca así el inicio de una nueva etapa en la supervisión de la cooperación internacional en el Perú, donde el foco estará en la transparencia, la trazabilidad de los recursos y la responsabilidad en el uso de fondos provenientes del exterior.