Del DNI para fetos a la criptomoneda estatal: el top 15 de las propuestas más populistas de la campaña 2026

En toda campaña electoral abundan las promesas ambiciosas. Pero cuando se revisan con lupa los planes de gobierno y declaraciones de los candidatos, algunas propuestas destacan por su carácter maximalista, su alto costo fiscal o su impacto institucional. A continuación, un ranking de quince iniciativas populistas:

1. DNI para fetos desde la concepción

La propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) plantea otorgar Documento Nacional de Identidad a los concebidos desde el vientre materno, reconociéndolos como ciudadanos desde la concepción. El problema es que el sistema de identificación del Estado está diseñado para registrar a personas nacidas y verificables dentro del sistema civil. Implementar un DNI prenatal implicaría crear un nuevo esquema de registro poblacional y abriría debates jurídicos complejos sobre identidad legal, ciudadanía y derechos civiles antes del nacimiento.

Pero el cuestionamiento también es de lógica práctica: un documento de identidad sirve para identificar a una persona en la vida civil —para estudiar, trabajar, abrir cuentas bancarias, votar o firmar contratos—, actividades que solo pueden ejercer quienes ya han nacido. Otorgar DNI a fetos no resolvería ningún problema real de registro o política pública y se acerca más a una propuesta simbólica y populista diseñada para generar impacto político.

2. Cárceles con culebras para delincuentes peligrosos

Otra propuesta de López Aliaga plantea construir cárceles donde el perímetro o el entorno esté rodeado de serpientes u otros animales peligrosos como mecanismo de disuasión para evitar fugas. La idea ha sido presentada como una forma de endurecer el sistema penitenciario frente al crimen organizado.

El problema es que se trata de una propuesta más cercana al espectáculo que a una política penitenciaria viable. Los sistemas carcelarios modernos se basan en seguridad tecnológica, infraestructura y control institucional, no en mecanismos improvisados de intimidación. Por ello, la idea ha sido considerada una medida extravagante.

3. Capital semilla de 1 UIT al nacer

La propuesta de José Luna Gálvez (Podemos Perú) plantea entregar 1 UIT a cada recién nacido. El problema es que una medida como esta se convierte en gasto público permanente. El INEI registró 417.180 nacimientos en 2024. Si se entrega 1 UIT por cada nacimiento, incluso con una UIT alrededor de S/5.000, el costo anual del programa superaría los S/2.000 millones, y eso antes de considerar costos administrativos.

Además, no está claro por qué una transferencia universal de dinero sería más efectiva que invertir esos recursos en programas focalizados de primera infancia con resultados medibles en nutrición, salud o educación. En ese sentido, la propuesta se acerca más a una promesa de campaña de alto impacto político y bajo sustento técnico, basada en repartir dinero de forma generalizada sin explicar cómo se financiará ni qué resultados concretos generará.

4. Bono de S/1000 por nacimiento financiado con fondos de AFP

La propuesta de César Acuña (Alianza para el Progreso) plantea otorgar un bono de S/1000 por cada nacimiento financiado con fondos del sistema privado de pensiones (AFP). El riesgo es doble: primero, se utiliza ahorro previsional —destinado a financiar la jubilación— para gasto inmediato, debilitando el sistema de pensiones; y segundo, se crea un incentivo político para seguir recurriendo a los fondos previsionales como fuente de financiamiento para nuevas medidas.

Además, el sistema previsional peruano tiene baja cobertura: solo alrededor del 30% de los trabajadores aporta regularmente a un sistema de pensiones, según cifras oficiales. Esto significa que financiar beneficios sociales con fondos previsionales termina afectando a un grupo reducido de trabajadores formales, cuyos ahorros se usarían para financiar un beneficio general.

5. Pensión vitalicia mayores de 60 años

La propuesta de Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) plantea otorgar una pensión universal de S/1500 a todos los adultos mayores. El problema central es su costo fiscal permanente: el INEI estima que en el Perú hay 4,747,000 personas de 60 años a más. Con ese universo, el monto implicaría alrededor de S/85,446 millones al año, un nivel de gasto difícil de sostener sin subir impuestos o endeudarse de forma agresiva.

6. Retiro del 100% de fondos de AFP

La propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) plantea permitir el retiro total de los fondos. El problema es que una medida de este tipo vaciaría el ahorro previsional y trasladaría la presión al Estado en el futuro, porque más personas llegarían a la vejez sin recursos suficientes para financiar su jubilación.

La evidencia reciente muestra ese riesgo. Desde 2020 se han aprobado ocho retiros extraordinarios de fondos previsionales, lo que ha reducido significativamente los ahorros de los afiliados. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha señalado que el impacto del último retiro fue menor porque alrededor de cuatro millones de cuentas ya habían quedado sin saldo tras los retiros anteriores.

7. Incrementar la presión fiscal hasta 20% del PBI

La propuesta de Ronald Atencio (Venceremos) plantea elevar la recaudación (presión tributaria) hasta 20% del PBI. El problema es cómo se llega a ese nivel en un país con alrededor de 70% de informalidad: si no se formaliza primero la economía, el aumento de la carga tributaria termina recayendo sobre el mismo grupo reducido de contribuyentes formales. Para ponerlo en números, el Ministerio de Economía y Finanzas reportó que la presión tributaria cerró 2025 en 14,6% del PBI (y 2024 en 14,4%).

Subir rápidamente hacia el 20% sin una estrategia clara de formalización puede traducirse en más carga para quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias y mayores incentivos para evadir o mantenerse en la informalidad. Desde un enfoque orientado a ampliar la base de contribuyentes, el camino suele ser el inverso: simplificar el sistema tributario, reducir costos regulatorios y generar incentivos para que más empresas y trabajadores se formalicen, en lugar de aumentar la presión sobre los mismos contribuyentes de siempre.

8. Uso de reservas del Banco Central para reactivar la economía

La propuesta de Alfonso López Chau (Ahora Nación) plantea utilizar las reservas internacionales del BCRP para un “impulso económico”. El principal riesgo es convertir un colchón de emergencia en una caja de gasto público. La experiencia histórica del país muestra por qué este punto es sensible: durante la década de 1980 el banco central fue utilizado por el Ministerio de Economía para financiar el gasto fiscal y el crédito dirigido al Estado, lo que debilitó su autonomía y terminó contribuyendo a los desequilibrios macroeconómicos que desembocaron en la hiperinflación de 1988-1990, cuando la inflación anual superó el 7.000%.

Las reservas internacionales netas cumplen una función crítica en la estabilidad económica. Funcionan como un seguro frente a choques externos, crisis financieras internacionales o salidas abruptas de capital. A inicios de 2026, el Perú mantiene alrededor de US$75.000 millones en reservas internacionales, equivalentes a cerca de 30% del PBI y aproximadamente 12 meses de importaciones, uno de los niveles más altos de la región. Pero ese dinero no es gasto disponible del gobierno: respalda la estabilidad del sistema financiero, la liquidez en dólares de la economía y la confianza en la moneda.

9. Expropiación de concesiones mineras “ociosas”

Otra propuesta de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) plantea expropiar o retirar concesiones mineras que no estén siendo explotadas. El problema es que parte de un diagnóstico equivocado sobre las mal llamadas “concesiones ociosas”. En el Perú, tener una concesión no significa que una empresa ya pueda explotar el recurso: antes deben realizarse estudios geológicos, exploración, evaluaciones económicas y obtener permisos ambientales y sociales, procesos que pueden tomar entre 8 y 15 años antes de iniciar una operación minera.

Además, la minería también es una actividad que requiere explorar áreas amplias durante largos periodos para identificar yacimientos económicamente viables. En ese contexto, calificar como “ociosas” a las concesiones en etapa de exploración distorsiona el funcionamiento real de la industria minera y puede desalentar la inversión en un sector que representa cerca del 60% de las exportaciones del país, con impacto directo en inversión, empleo y recaudación fiscal.

10. Asamblea Constituyente

Propuesta por Ronald Atencio (Venceremos) plantea convocar una Asamblea Constituyente plurinacional para reemplazar la actual Constitución. Un proceso constituyente abre un periodo de incertidumbre sobre las reglas económicas, los derechos de propiedad y el marco de inversión. En la práctica, equivale a abrir una caja de Pandora: el mensaje para los inversionistas es que el marco institucional puede cambiar, lo que eleva el riesgo y frena decisiones de inversión de largo plazo. Cuando la inversión se paraliza, también se debilitan el empleo formal, la actividad productiva y la base sobre la cual el Estado recauda impuestos.

En Perú, la inversión privada representa alrededor del 80% de la inversión total del país, según el Banco Central de Reserva (BCRP). Esto significa que gran parte del crecimiento depende de decisiones de inversión empresarial. Si las reglas del juego entran en discusión, muchos proyectos tienden a postergarse o cancelarse, lo que puede traducirse en menor crecimiento, menos empleo y menor recaudación fiscal.

Otros partidos que han planteado una Asamblea Constituyente o una nueva Constitución en el proceso electoral 2026 son Perú Libre, Juntos por el Perú, Ahora Nación, Podemos Perú, el Partido del Trabajo y del Emprendimiento y Cooperación Popular.

11. Impuesto a la riqueza

La propuesta de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) plantea crear un impuesto a los grandes patrimonios para aumentar la recaudación fiscal. El problema es que este tipo de tributos puede generar efectos contraproducentes sobre la economía. Al gravar directamente el patrimonio de los empresarios —muchas veces vinculado al valor de sus propias empresas— el impuesto puede obligarlos a vender activos o retirar dividendos para pagarlo, incluso cuando la empresa no está generando ganancias, ya que el tributo se calcula sobre el valor del patrimonio sin considerar las pérdidas o utilidades del negocio. Además, estos impuestos suelen recaer principalmente sobre empresarios nacionales y no sobre inversionistas extranjeros, lo que genera desventajas competitivas para las empresas locales y puede desincentivar la inversión productiva.

La experiencia internacional muestra estas dificultades: en Noruega, tras aumentar el impuesto a la riqueza en 2022 y elevar también los impuestos sobre dividendos, alrededor de 80 empresarios millonarios abandonaron el país, trasladando su residencia fiscal principalmente a Suiza. El resultado fue el contrario al esperado: el gobierno proyectaba recaudar US$146 millones adicionales, pero terminó perdiendo aproximadamente US$448 millones en ingresos fiscales. El caso evidencia cómo políticas de este tipo pueden terminar debilitando la base tributaria, reducir la inversión y afectar incluso a las empresas locales que dependen del capital de esos empresarios.

12. Trasladar la capital política del país a Junín

Una propuesta de López Aliaga que plantea mover la capital política del Perú fuera de Lima y establecerla en la región Junín. El problema es que una decisión de este tipo implicaría trasladar ministerios, organismos públicos, infraestructura administrativa y miles de funcionarios.

Experiencias internacionales muestran que cambiar una capital requiere décadas de planificación y enormes inversiones públicas en infraestructura urbana, transporte y servicios. Sin estudios técnicos ni estimaciones de costo, la propuesta se presenta más como una idea política llamativa que como una reforma institucional viable.

13. Crear una criptomoneda estatal respaldada en oro

Otra propuesta de Renovación Popular que plantea crear una moneda digital estatal denominada “oro digital”, respaldada en reservas de oro del país. El problema es que el Perú ya tiene un sistema monetario administrado por el Banco Central de Reserva, encargado de emitir moneda y controlar la inflación.

Introducir una criptomoneda estatal paralela generaría interrogantes sobre su regulación, estabilidad y relación con el sistema financiero existente. Además, los mercados de criptomonedas se caracterizan por alta volatilidad, lo que vuelve incierta la viabilidad de una moneda digital impulsada por el Estado.

14. Convertir la Costa Verde en el “Dubái peruano”

La propuesta de Rafael López Aliaga plantea transformar la Costa Verde en un gran polo de inversión internacional inspirado en el modelo urbanístico de Dubái. El proyecto implicaría desarrollos inmobiliarios, turísticos y comerciales de gran escala a lo largo del litoral limeño.

El problema: iniciativas de esta magnitud requieren estudios técnicos, planificación urbana, evaluaciones ambientales y enormes inversiones públicas y privadas. La propuesta aparece más como una visión aspiracional que como un proyecto concreto de política pública.

15. Permitir cooperación directa de Estados Unidos en la lucha contra el crimen

La propuesta del ahora candidato presidencial López Aliaga plantea permitir que Estados Unidos participe directamente en operaciones contra el crimen organizado en el Perú. La idea busca reforzar la capacidad del Estado para enfrentar redes criminales transnacionales.

Sin embargo, involucrar a otro país en operaciones dentro del territorio nacional plantea debates sobre soberanía, jurisdicción y control de las fuerzas de seguridad. En la práctica, la cooperación internacional en seguridad suele canalizarse mediante acuerdos institucionales específicos y no mediante participación directa en operaciones internas.

Más allá de las diferencias ideológicas entre candidatos, muchas de las propuestas que dominan el debate electoral comparten un rasgo común: promesas de gran impacto político pero con escasa claridad técnica sobre su implementación. El desafío para los votantes será distinguir entre reformas viables y propuestas diseñadas solo para ganar votos.