El plan de Lescano para el Perú: nueva Constitución, capital mixto y más impuestos

Yonhy Lescano Ancieta, abogado puneño de 64 años, vuelve a la carrera presidencial con el partido Cooperación Popular tras una larga trayectoria en el Congreso. Natural de Puno, estudió Derecho en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y obtuvo una maestría en Derecho Privado en la Universidad de Chile. Antes de dedicarse plenamente a la política ejerció como abogado independiente y docente universitario.

Su carrera política comenzó en 2001, cuando fue elegido congresista por Acción Popular, partido con el que permaneció en el Parlamento durante cuatro periodos consecutivos hasta la disolución del Congreso en 2019. Durante esos años su discurso fue la defensa del consumidor.

En 2021 postuló a la presidencia con Acción Popular tras ganar las elecciones internas del partido, pero no logró pasar a segunda vuelta. En 2026 intenta regresar al escenario político con una nueva plataforma electoral: Cooperación Popular.

De acuerdo con registros del Jurado Nacional de Elecciones y del Poder Judicial, Lescano no registra antecedentes penales, judiciales ni policiales vigentes. No obstante, en 2019 fue investigado por el Congreso por un presunto caso de acoso sexual a una periodista; la Comisión de Ética archivó el caso por falta de pruebas y no derivó en proceso penal.

Durante la campaña, el candidato ha defendido cambiar la Constitución de 1993 para “refundar el país”, eliminar lo que denomina “privilegios fiscales de los grandes”, revisar concesiones otorgadas al sector privado y mantener empresas estatales estratégicas como Petroperú bajo control público.

Las propuestas de Cooperación Popular y su impacto para el contribuyente

Reforma tributaria: El plan propone solicitar facultades legislativas para eliminar “exoneraciones no justificadas” y crear un marco normativo que garantice el pago adecuado de tributos por parte de los operadores económicos. En campaña, Lescano ha señalado que “no puede ser que algunos paguen menos mientras la mayoría cumple”.

La consigna de Lescano parte de una idea errónea: solo alrededor de 700 empresas formales en el país —entre ellas las grandes empresas— son las que cubren el total de la recaudación tributaria, y eso se debe a que la mayoría no es formal. Según el INEI, el 70,7% de la población en el Perú trabaja en la informalidad, mientras solo el 29,3% se encuentra en la economía formal. Si se eliminan beneficios tributarios sin simplificar el sistema ni reducir los costos de cumplimiento, el ajuste tiende a recaer sobre quienes ya pagan impuestos. La clave para ampliar la recaudación no es aumentar la presión sobre los formales, sino ampliar la base tributaria mediante formalización y simplificación administrativa.

Petroperú: El plan propone un modelo de capital mixto, pero sin privatización, acompañado de una reestructuración administrativa y financiera de la empresa estatal. Lescano ha sido enfático: “Petroperú no se privatiza” y “no vamos a regalar nuestros recursos”.

El problema aparece en el costo fiscal que puede generar la empresa. Petroperú ha requerido respaldo estatal en los últimos años: en 2022 recibió apoyo financiero de hasta US$ 750 millones, y según sus estados financieros registró pérdidas cercanas a US$ 1.300 millones en 2023 y más de US$ 600 millones en 2024. Cuando el Estado respalda a una empresa pública, esos recursos provienen de mayor endeudamiento público o del presupuesto nacional, es decir, de los impuestos que paga el contribuyente. En ese contexto, un esquema de capital mixto solo reduciría el riesgo si el Estado deja de asumir las pérdidas; de lo contrario, el costo final sigue recayendo sobre los ciudadanos.

Minería: El plan plantea renegociar contratos de concesión para asegurar beneficios “proporcionados para el Perú”, además de impulsar la formalización de la minería artesanal e instalar plantas de tratamiento de aguas contaminadas.

La minería es un sector clave de la economía peruana: representa alrededor del 10% del PBI y cerca del 60% de las exportaciones, además de ser una fuente central de impuesto a la renta empresarial y canon para las regiones. En industrias donde los proyectos requieren inversiones de miles de millones de dólares y plazos de recuperación de décadas, la estabilidad contractual es determinante para invertir. Propuestas de renegociación pueden elevar el riesgo regulatorio, encarecer el financiamiento y retrasar nuevos proyectos. Para el contribuyente, el efecto es claro: menos inversión implica menor producción futura, menos empleo formal y menor base tributaria.

Seguridad ciudadana: El plan plantea reformar la Policía Nacional y el sistema procesal penal para evitar la liberación de delincuentes, mediante una “reingeniería operativa” de las fuerzas del orden.

La seguridad también tiene impacto económico. Estudios citados por el Banco Central de Reserva estiman que el costo del crimen puede alcanzar alrededor del 2,8% del PBI. Reducir la delincuencia puede mejorar la inversión y la productividad, pero las reformas institucionales implican gasto público sostenido. Actualmente, el sistema de seguridad y justicia penal ya absorbe entre 17 mil y 19 mil millones de soles anuales del presupuesto nacional, por lo que el reto no es solo aumentar recursos, sino mejorar resultados en captura, persecución penal y reducción de reincidencia.

Nueva Constitución: El eje político del plan es cambiar la Constitución para “refundar el país” y redefinir el rol del Estado en la economía.

Esta propuesta introduce un factor de incertidumbre institucional. En el Perú, la inversión privada representa alrededor del 80% de la inversión total, por lo que el crecimiento depende principalmente de decisiones empresariales de largo plazo. En sectores como minería, energía o infraestructura, los proyectos se planifican a 20 o 30 años. Cuando las reglas sobre propiedad, contratos o estabilidad jurídica se abren a una redefinición amplia, los inversionistas tienden a postergar o cancelar decisiones de inversión hasta conocer el nuevo marco institucional.

En ese sentido, el debate constitucional no solo es político. También es económico: la estabilidad de las reglas es uno de los factores que determinan cuánto invierte el país, cuánto crece y cuánto recauda el Estado para financiar sus políticas públicas. Las reglas de la Constitución del 93 han permitido que ese crecimiento económico sea sostenido a pesar del caos institucional de los últimos años.