Las 10 leyes que el Congreso aún podría aprobar y que costarían más de S/ 25 mil millones al Estado

A cinco meses del final de la legislatura, el Congreso mantiene en trámite decenas de proyectos de ley con impacto directo en las finanzas públicas, a pesar de no tener facultad de gasto. El Consejo Fiscal ha advertido que existen 352 iniciativas legislativas con impacto fiscal adverso, muchas de ellas con dictamen aprobado o listas para ser debatidas en el Pleno.

Dentro de ese universo, al menos 150 iniciativas representan un “impacto fiscal relevante”, debido a su alto potencial para incrementar el gasto público o crear obligaciones permanentes para el Estado. De acuerdo con el organismo técnico, estas propuestas se concentran principalmente en cinco tipos de medidas: incrementos salariales en el sector público, homologaciones laborales entre regímenes del Estado, nombramientos masivos de trabajadores públicos, aumentos de pensiones o beneficios previsionales y transferencias automáticas de recursos a gobiernos subnacionales.

Además, el Consejo Fiscal advierte que solo las diez iniciativas más costosas podrían generar más de S/ 25,000 millones de gasto adicional al año, una cifra equivalente a alrededor del 2% del PBI. Para dimensionar el impacto, ese monto representa casi todo el presupuesto anual de sectores clave como Interior o Transportes, y su aprobación simultánea podría presionar el déficit fiscal por encima de las metas establecidas.

En ese contexto, el siguiente cuadro presenta diez proyectos de ley que actualmente se encuentran en trámite y que, por su estado parlamentario o respaldo político, podrían avanzar en los próximos meses, generando un impacto fiscal significativo para el país.

Muchas de estas iniciativas se presentan con un discurso políticamente atractivo —aumentos salariales, nuevos beneficios o ampliación de planillas— que, en apariencia, busca “hacer justicia” con determinados grupos del sector público. Sin embargo, detrás de estas propuestas suele haber un problema fiscal más profundo: se incrementa el gasto sin introducir reformas que mejoren la eficiencia del Estado.

Un ejemplo claro es el sector educativo. Mientras el debate legislativo se concentra en remuneraciones, muchos colegios públicos continúan operando con infraestructura precaria y los resultados de aprendizaje siguen siendo bajos. De acuerdo con evaluaciones recientes del Ministerio de Educación del Perú, solo alrededor de 3 de cada 10 estudiantes de primaria alcanzan el nivel esperado de comprensión lectora, lo que significa que los otros 7 no comprenden lo que leen.

Además, varias de estas medidas se plantean sin reformar la estructura del empleo público. En lugar de introducir mecanismos de meritocracia, evaluación de desempeño o productividad, las propuestas se concentran en ampliar beneficios o aumentar planillas. El resultado puede ser un aparato estatal más grande y más costoso, pero no necesariamente más eficiente.

El impacto al contribuyente

Cuando el Congreso aprueba gastos permanentes sin una fuente clara de financiamiento, el costo termina trasladándose a los contribuyentes. Si las iniciativas más costosas se aprobaran, el gasto adicional superaría los S/ 25,000 millones anuales, una cifra equivalente a casi el 14% del presupuesto público destinado a educación o aproximadamente la mitad del presupuesto anual del sector salud.

En términos fiscales, ese gasto adicional sólo puede cubrirse de tres maneras: mayores impuestos en el futuro, mayor endeudamiento público o recortes en otras áreas del presupuesto.

Si el Estado optara por financiarlo con deuda, implicaría incrementar la deuda pública en varios puntos del PBI en los próximos años y elevar el costo del servicio de la deuda. Actualmente, el Perú destina más de S/ 30,000 millones al año al pago de intereses y amortizaciones, una suma que equivale a casi todo el presupuesto anual del sector Interior.

Por otro lado, si el gasto adicional se cubre mediante ajustes presupuestarios, el impacto recaería principalmente sobre la inversión pública, que financia obras de infraestructura, hospitales, escuelas o sistemas de agua potable.

A ello se suma otro efecto menos visible, pero igualmente importante: la creciente rigidez del presupuesto público. Cuando aumentos salariales, beneficios laborales o mejoras previsionales se aprueban por ley, estos gastos se convierten en obligaciones permanentes que deben financiarse todos los años.

En consecuencia, el Estado pierde capacidad para reorientar recursos hacia nuevas prioridades, limitando el margen fiscal para responder a crisis económicas, emergencias o nuevas necesidades de inversión. En otras palabras, cada nuevo gasto permanente aprobado por ley reduce el espacio fiscal disponible para políticas públicas que benefician al conjunto de la población.