Más rigidez laboral en Perú, más flexibilización en Argentina: el contraste en la política de empleo

El mercado laboral peruano enfrenta un problema estructural que no admite diagnósticos complacientes: cerca del 70% de los trabajadores opera en la informalidad y, entre los jóvenes, la cifra supera el 80%. Millones de personas trabajan sin seguridad social, sin protección efectiva y sin acceso a beneficios laborales.

En ese contexto, cualquier iniciativa que incremente el costo de contratación formal debería evaluarse con extremo cuidado. Sin embargo, el Congreso discute un proyecto de ley que modifica el régimen de exámenes médicos ocupacionales y que, en la práctica, eleva los costos laborales y aumenta las rigideces del sistema.

La propuesta establece que, si un trabajador es declarado “no apto” tras un examen médico ocupacional, el empleador no podría aplicar la suspensión perfecta de labores y debería mantener el pago de la remuneración aun cuando el trabajador no pueda desempeñar funciones. Además, amplía las obligaciones del empleador respecto a los costos asociados al examen, incluyendo transporte, alimentación y estadía cuando corresponda.

En términos económicos, esto introduce un nuevo componente de riesgo en la contratación formal: la posibilidad de pagar remuneraciones sin prestación efectiva de servicios y asumir costos adicionales no necesariamente vinculados a productividad. Más costos para ser formal implican mayores incentivos para permanecer en la informalidad.

El debate se produce además en un contexto de mayor rigidez laboral. Recientemente se aprobó una ley que elimina o restringe severamente la tercerización laboral en actividades consideradas nucleares del negocio, una medida que incrementa los costos laborales y reduce la flexibilidad operativa de las empresas, especialmente en sectores como minería, servicios y construcción.

A ello se suma el énfasis fiscalizador sobre el cumplimiento de la cuota obligatoria de contratación de personas con discapacidad, que exige a las empresas privadas con más de 50 trabajadores destinar al menos el 3% de su planilla a este grupo. Cuando se imponen cuotas rígidas sin considerar la estructura productiva o la realidad de cada sector, se introduce un nuevo costo esperado y mayor riesgo regulatorio.

Cuando se elevan los costos no salariales y se introducen obligaciones rígidas, se incrementa el costo esperado de contratar formalmente. En un país con alta informalidad y baja productividad promedio, el resultado suele ser predecible: menos incentivos para formalizar y mayor desplazamiento hacia esquemas informales o de contratación precaria.

Mientras tanto, Argentina ha optado por una estrategia distinta. El gobierno de Javier Milei impulsa una reforma laboral orientada a reducir costos y flexibilizar el mercado de trabajo, con medidas como incentivos fiscales para la formalización, reducción de contribuciones patronales en nuevos contratos y mayor espacio para negociar condiciones laborales a nivel de empresa.

El enfoque parte de un principio económico básico: si el costo de contratar formalmente es demasiado alto, las empresas contratan menos o lo hacen en la informalidad. Reducir cargas laborales y dar mayor previsibilidad busca estimular la inversión privada y ampliar el empleo registrado.

El desafío no es menor. Persistir en una lógica de encarecimiento regulatorio en un mercado donde la mayoría ya opera fuera del sistema formal implica el riesgo de consolidar la informalidad como norma. Si se quiere más empleo formal y mayor crecimiento, la señal debe ser clara: facilitar la contratación, no encarecerla.