Mano dura, formalización e inversión privada: el plan de Integridad Democrática y Wolfgang Grozo

Wolfgang Grozo postula a la Presidencia desde el sector Defensa. Se presenta como Mayor General FAP en retiro, con 37 años de servicio y especialidad en inteligencia. Cuenta con un doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica y una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales. También figura como licenciado en Ciencias de la Administración Aeroespacial y con estudios concluidos de Administración en la Universidad de Lima.

En su trayectoria aparecen funciones de conducción y planificación estratégica, además de cargos vinculados a inteligencia y participación en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec). Integridad Democrática se define como un partido de centro, respalda la economía social de mercado, promueve la iniciativa privada y sostiene un rol subsidiario del Estado en actividad empresarial. Asimismo, plantea que el gasto público debe estar sometido a control riguroso para evitar corrupción y dispendio.

Seguridad: trabajo obligatorio en penales y control tecnológico

En materia de seguridad, Grozo ha planteado una línea de endurecimiento del sistema penitenciario. “Los delincuentes tendrán que trabajar para pagar su comida y alojamiento”, señaló en una entrevista.

El plan de gobierno propone convertir los penales en “Cárceles–Factoría”, centros productivos con trabajo obligatorio para los internos, quienes contribuirían a su manutención y al pago de la reparación civil. El modelo requeriría ajustes legales e incluso constitucionales.

Además, plantea fortalecer la inteligencia estratégica contra el crimen organizado, bloquear celulares no registrados o clonados y combatir la venta informal de chips para reducir la capacidad operativa de redes delictivas, especialmente en casos de extorsión.

Inversión privada y destrabe de proyectos

En el frente económico, el partido no propone modificar el modelo vigente, sino reforzarlo. El plan sostiene que “la inversión privada es el principal motor del crecimiento económico” y fija como meta elevarla del 17 % del PBI al 20–22 %, destrabando US$ 50,000 millones en proyectos.

Para lograrlo, plantea un “Estado pro-inversión” que incluya la reforma de PROINVERSIÓN, arbitraje rápido en controversias contractuales y eliminación de barreras burocráticas. También promete estabilidad tributaria, respeto a contratos-ley y reglas claras para reducir la incertidumbre regulatoria.

Desde la perspectiva de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), el crecimiento impulsado por inversión formal es el mecanismo más sostenible para generar empleo y reducir pobreza sin elevar impuestos. La estabilidad jurídica y el respeto a contratos son condiciones esenciales para atraer capital de largo plazo. El riesgo surge si la promesa de estabilidad convive con discrecionalidad administrativa o cambios regulatorios frecuentes, lo que puede desalentar inversión y terminar afectando al contribuyente formal.

PROINVERSIÓN ha adjudicado desde 2002 alrededor de 251 proyectos por cerca de US$ 49 mil millones y proyecta 24 más por más de US$ 10 mil millones hacia 2026. Para la ACP, una reforma efectiva debería dotarla de mayor agilidad técnica y capacidad de decisión para acelerar proyectos hoy paralizados, especialmente mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI), reduciendo presión sobre el presupuesto estatal.

En paralelo, el Estado enfrenta más de 2,000 arbitrajes activos al año, con impactos que superan los S/ 1,000 millones entre pagos e intereses. Un sistema arbitral más rápido podría disminuir sobrecostos, aunque su eficacia dependerá también de mejorar el diseño contractual. La ACP sostiene que cada trámite innecesario actúa como un “impuesto oculto” que encarece la producción y se traslada al consumidor.

Incentivos tributarios y formalización

En el ámbito tributario, el plan propone deducciones adicionales en el Impuesto a la Renta para empresas que amplíen su planilla formal. Asimismo, plantea una exoneración temporal de impuestos administrados por la SUNAT por dos años para emprendedores y micro y pequeñas empresas de nueva creación, principalmente aplicada al Impuesto a la Renta.

Hoy el empleo formal representa alrededor del 29 % de la PEA. Desde una perspectiva técnica, ampliar la base formal es preferible a elevar tasas a quienes ya cumplen. La ACP ha señalado que los incentivos solo funcionan si son simples y atractivos; de lo contrario, pueden convertirse en una carga adicional.

La experiencia muestra que algunos regímenes sectoriales han tenido impacto. La Ley de Promoción Agraria permitió que el empleo formal pase de menos de 100 mil a más de 400 mil trabajadores y que las exportaciones crezcan de aproximadamente US$ 600 millones a más de US$ 7,000 millones anuales.

Sin embargo, el plan también contempla una “revisión y eliminación integral de exoneraciones” sin detallar cuáles serían retiradas. Si se eliminan beneficios permanentes que sostienen competitividad y empleo formal, podría generarse mayor presión tributaria indirecta. Para la ACP, la coherencia dependerá de que los nuevos incentivos no se compensen con la eliminación de regímenes que han demostrado generar crecimiento.

Reforma del Estado y costo de la seguridad

La propuesta incluye reducir burocracia, modernizar la administración pública y someter el gasto a control riguroso. La ACP sostiene que el problema fiscal del Perú no radica solo en la recaudación, sino en la calidad y eficiencia del gasto. Modernizar el Estado implica reducir duplicidades, racionalizar planillas y eliminar entidades ineficientes. Sin metas claras de ahorro estructural, el impacto puede diluirse.

En seguridad y justicia penal, el país destina entre S/ 16,000 y S/ 18,000 millones anuales —cerca del 2 % del PBI— según datos presupuestales. El Ministerio del Interior maneja entre S/ 11,000 y S/ 13,000 millones; el INPE entre S/ 1,300 y S/ 1,700 millones; y el Poder Judicial y el Ministerio Público superan en conjunto los S/ 4,000 millones. Con más de 90,000 internos, el costo estimado por recluso oscila entre S/ 15,000 y S/ 20,000 anuales.

En ese contexto, la propuesta de “Cárceles–Factoría” apunta a que parte del gasto penitenciario sea cubierto mediante trabajo productivo. La clave será si el modelo logra reducir gasto corriente de manera efectiva y sostenible.