Arequipa bajo el agua: una emergencia que vuelve a exponer fallas estructurales

Las intensas lluvias registradas desde el 19 de febrero de 2026 en la región Arequipa han dejado víctimas mortales, miles de afectados y graves daños materiales. Pero más allá del impacto inmediato, la emergencia vuelve a poner bajo la lupa la ejecución del presupuesto destinado a la prevención de desastres, la calidad de las obras y la capacidad de respuesta institucional.

El impacto: muertos, damnificados y viviendas inhabitables

De acuerdo con reportes periodísticos y balances oficiales:

• Al menos seis personas fallecieron a causa de huaicos e inundaciones en la región.
• 4.231 personas afectadas y 89 damnificadas (que perdieron sus viviendas o quedaron inhabitables).
• 1.229 viviendas afectadas y 44 declaradas inhabitables.

Las zonas más comprometidas incluyen distritos como Cayma, donde la torrentera Calle Grande volvió a activarse, afectando viviendas y vías. También distritos como Paucarpata, Cerro Colorado, Yanahuara y Alto Selva Alegre registraron inundaciones de viviendas, activación de quebradas y daños en infraestructura urbana.

En Paucarpata, por ejemplo, se reportaron viviendas anegadas por el ingreso de aguas pluviales y el colapso de drenajes, mientras que a nivel regional se informó la destrucción de más de 5.500 metros lineales de muros de contención en torrenteras, infraestructura destinada precisamente a mitigar este tipo de eventos.

En paralelo, la tragedia se agravó con la caída de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú en Caravelí, que dejó 15 fallecidos mientras se realizaban labores en el marco de la emergencia.

El dato clave: ¿cuánto se ejecutó en prevención?

En una región históricamente expuesta a lluvias intensas, activación de quebradas y huaicos, la prevención no es un asunto secundario. Por eso, Vigilante.pe revisó la plataforma de Transparencia Económica para analizar cuánto se ejecutó realmente en 2025 en prevención de desastres en los 32 distritos que conforman la ciudad de Arequipa. El resultado es revelador: el avance fue de apenas 49,8%. Es decir, más de la mitad del presupuesto asignado para reducir riesgos no se ejecutó.

El análisis por proyectos permite dimensionar mejor el problema. Varias obras de prevención no estaban concluidas antes del inicio de la temporada de lluvias.

Uno de los casos más significativos es la “Renovación de defensa ribereña en la margen izquierda del río Ocoña, en el centro poblado Surita, distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná”, que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), alcanzó solo 12% de ejecución presupuestal al cierre de 2025.

Incluso su avance físico solo llega al 4,2% en 9 meses de iniciada la obra. Ese dato adquiere mayor relevancia al contrastarlo con los hechos: en los primeros días de febrero de 2026, la zona del río Ocoña registró incremento de caudal y erosión fluvial. En otras palabras, una obra destinada a reforzar defensas ribereñas se encontraba en etapa inicial cuando comenzaron las lluvias intensas.

No es un caso aislado. Otros proyectos de prevención estructural —como construcciones de muros de contención y defensas ribereñas— muestran avances de 68% y 73%. Si bien están en ejecución, no han sido culminados antes del periodo crítico.

El Informe N.° 270 de la Defensoría del Pueblo, elaborado con datos de Transparencia Económica al 13 de enero de 2026, refuerza esta tendencia. Según el documento, el Gobierno Regional de Arequipa contó en 2025 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 59,142 para la atención de emergencias por desastres; sin embargo, solo devengó S/ 33,830, lo que representa un 57,2% de avance. En consecuencia, el 42,8% de los recursos disponibles quedó sin ejecutar.

La Municipalidad Provincial de Arequipa, por su parte, alcanzó un 72,8% de ejecución sobre un PIM de S/ 57.894.319 en el mismo programa.

A este escenario se sumaron cuestionamientos sobre la coordinación institucional. Durante la emergencia, el recién presidente de la República, José Balcázar, declaró públicamente que no estaba plenamente informado sobre la magnitud de la crisis en Arequipa, lo que expuso posibles fallas en la articulación entre niveles de gobierno en un momento crítico.

Emergencia reactiva vs. prevención estructural

La actual crisis vuelve a exponer un patrón recurrente en la gestión pública peruana: presupuestos asignados para prevención que no se ejecutan en su totalidad, planes aprobados que no siempre se traducen en infraestructura culminada y respuestas que se intensifican cuando el desastre ya ocurrió.

El caso de Yanahuara es ilustrativo. El distrito aprobó su Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2025–2028, un documento que identifica zonas críticas como la torrentera Chullo y reconoce explícitamente la vulnerabilidad del territorio frente a lluvias intensas. Sin embargo, al revisar los registros presupuestales disponibles para 2025 no se identifican proyectos estructurales culminados bajo el grupo funcional correspondiente antes de la emergencia de febrero de 2026.

En otras palabras, el diagnóstico técnico existe y el instrumento de planificación está aprobado, pero la evidencia de obras concluidas antes del periodo de lluvias no resulta visible en los registros de ejecución analizados.

La discusión, entonces, no se limita a cuánto dinero se asigna, sino a cuánto se ejecuta efectivamente, en qué momento se ejecuta y en qué tipo de intervenciones. Con más de 4.000 personas afectadas, viviendas inhabitables y víctimas mortales, la pregunta que emerge es inevitable: ¿fue suficiente la prevención o la baja ejecución presupuestal y la distancia entre planificación y acción terminaron ampliando la vulnerabilidad?

Arequipa enfrenta nuevamente no solo una emergencia climática, sino un examen directo a su capacidad de gestión pública.