Nueva Carretera Central: el giro fiscal y la ruptura con Francia ponen a prueba la credibilidad del Estado
El proyecto de más de S/ 24.000 millones enfrenta una redefinición tras la advertencia del MEF sobre su inviabilidad presupuestal y la cancelación del contrato con la PMO francesa. El caso abre un debate sobre sostenibilidad fiscal, seguridad jurídica y estabilidad institucional.
Redacción Vigilante
Publicado 2:43 pm, 23 febrero, 2026
La Nueva Carretera Central fue anunciada como la respuesta estructural a la congestión y alta siniestralidad de la vía que conecta Lima con la sierra central. Con una inversión estimada en más de S/ 24.000 millones, la obra prometía reducir tiempos de traslado y mejorar la competitividad del centro del país.
Para regiones como Junín, Pasco, Huánuco y Huancavelica, el proyecto es considerado estratégico: permitiría disminuir costos logísticos, facilitar el transporte de mercancías hacia Lima y reducir los accidentes en una vía actualmente colapsada en varios tramos. Sin embargo, el caso ha evolucionado más allá del plano estrictamente técnico. Hoy lo que está en juego es la capacidad del Estado en la planificación de sus megaproyectos y la estabilidad de las reglas bajo las cuales los ejecuta.
El límite presupuestal: la advertencia del MEF
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue el primero en marcar distancia. La cartera sostuvo públicamente que la Nueva Carretera Central no es viable si se financia íntegramente con recursos del presupuesto público.
En términos prácticos, el MEF advirtió que el proyecto no puede ir “todo a planilla”. Asumir una inversión de esa magnitud —equivalente a varios puntos del presupuesto anual de inversión— podría presionar el déficit fiscal o desplazar recursos de otros sectores prioritarios.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo comenzó a evaluar alternativas que incorporen inversión privada, como una Asociación Público-Privada (APP), que permita distribuir riesgos y reducir la carga presupuestal directa.
La advertencia reabrió una pregunta estructural: si el impacto fiscal era tan significativo, ¿debió preverse desde el diseño original un esquema financieramente sostenible? El cuestionamiento no es menor, porque apunta a la planificación misma del proyecto.
La ruptura del esquema G2G con Francia
En paralelo al debate fiscal, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) resolvió el contrato con la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO Vías), integrada por empresas francesas, que operaba bajo el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia.
El modelo G2G no es un contrato ordinario. Se trata de un mecanismo especial previsto en la normativa peruana para proyectos complejos, con el objetivo de asegurar altos estándares técnicos y reducir riesgos en la ejecución.
La cancelación del contrato introduce un elemento adicional de incertidumbre. Al tratarse de un acuerdo bajo cooperación bilateral, podrían generarse controversias o reclamos si se considera que hubo incumplimiento. Además del aspecto jurídico, la medida incide en la confianza de socios internacionales respecto a la estabilidad de los compromisos asumidos por el país.
Un proyecto en redefinición y sus implicancias
La coincidencia entre la advertencia fiscal del MEF y la resolución del contrato con la PMO ha llevado a diversos analistas a plantear que no se trata únicamente de una ruptura administrativa puntual, sino de una reconfiguración más amplia del proyecto.
El eventual tránsito hacia una APP implicaría redefinir la asignación de riesgos, los plazos y las fuentes de financiamiento. En la práctica, supondría desmontar el esquema original y sustituirlo por uno considerado más manejable desde el punto de vista fiscal.
La obra no ha sido cancelada, pero sí se encuentra en proceso de redefinición. El Ejecutivo ha anunciado que presentará un esquema integral de financiamiento que permita viabilizarla sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
En definitiva, el caso se ha convertido en una prueba para la gestión pública: cómo cerrar brechas de infraestructura sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni alterar los marcos contractuales establecidos. El desenlace marcará un precedente para la ejecución de futuros megaproyectos en el país.