Cierres en Miraflores generan alerta sobre seguridad jurídica e inversión privada

La Municipalidad de Miraflores, encabezada por el alcalde Carlos Canales, ordenó en los últimos días la clausura de más de una decena de establecimientos comerciales vinculados al grupo Intercorp, en una serie de operativos de fiscalización que han generado tensión entre la autoridad y el sector empresarial.

Los cierres en Miraflores alcanzaron a tiendas por departamento, supermercados, bancos, restaurantes y salas de cine. Desde la comuna, se ha señalado que las clausuras responden a inspecciones técnicas que detectaron presuntas deficiencias en seguridad, tales como observaciones en rutas de evacuación, instalaciones eléctricas y almacenamiento de balones de gas.

El municipio sostiene que las medidas buscan prevenir riesgos y garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores. La empresa afectada, en tanto, ha cuestionado la proporcionalidad de los operativos y ha señalado que sus locales contaban con permisos vigentes.

Implicancias económicas: inversión, empleo y clima empresarial

Más allá del debate técnico, el caso ha reabierto una discusión de fondo sobre el equilibrio entre fiscalización y promoción de la inversión privada en distritos con alta actividad comercial como Miraflores.

Especialistas advierten tres posibles efectos económicos:

1. Incertidumbre de mercado. Clausuras simultáneas a un conglomerado de gran tamaño pueden generar dudas sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas municipales, especialmente si no se explican con criterios técnicos claros. El impacto principal es en la confianza empresarial y en futuras decisiones de inversión.

2. Impacto en empleo y consumo. El cierre temporal de establecimientos afecta de manera directa a trabajadores, proveedores y clientes. Reduce la actividad comercial inmediata, limita la oferta de servicios en el distrito y puede desacelerar el movimiento económico local.

3. Riesgo de sobrerregulación. Si las fiscalizaciones son percibidas como arbitrarias o desproporcionadas, podrían desalentar nuevas inversiones y encarecer la formalidad, sobre todo para pequeñas y medianas empresas.

Miraflores es uno de los principales polos comerciales y turísticos de Lima, por lo que cualquier controversia regulatoria tiene impacto en el ecosistema económico del distrito.

En esa línea, la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP) ha cuestionado el enfoque adoptado por la gestión de Canales. Desde su perspectiva, el problema no es la fiscalización en sí, sino la forma en que se ejecuta. Advierte, además, que cuando las municipalidades aplican criterios amplios o poco objetivos para clausurar negocios, se genera un escenario de discrecionalidad administrativa que puede derivar en inseguridad jurídica.

Según su análisis, las clausuras deben cumplir tres principios básicos:

• Proporcionalidad: que la sanción sea acorde a la falta detectada.
• Predictibilidad: que el empresario sepa con claridad qué norma incumple.
• Debido procedimiento: que exista oportunidad de subsanar antes de una medida extrema como el cierre total.

La asociación, además, ha señalado que el uso frecuente de clausuras inmediatas puede convertirse en una barrera burocrática indirecta, afectando la competitividad del distrito y elevando el riesgo regulatorio.

El conflicto no solo enfrenta a una municipalidad con un grupo empresarial. También plantea una discusión más amplia sobre cómo deben ejercer las autoridades locales sus facultades de fiscalización sin dañar la confianza empresarial.