Cuando las buenas intenciones fomentan una rigidez laboral que frena el empleo formal

Hablar de beneficios laborales, licencias y feriados suele partir de una premisa correcta: proteger al trabajador. Sin embargo, cuando las buenas intenciones se acumulan sin una mirada integral, el efecto puede ser exactamente el contrario. En el Perú, los cambios laborales implementados en 2025 dibujan una tendencia clara: más obligaciones, más rigidez y más costos para las empresas, sin una estrategia seria para fomentar el empleo formal ni reducir la informalidad.

Uno de los ejemplos más evidentes es el aumento del sueldo mínimo. Si bien puede generar un alivio inmediato para quienes ya están en planilla, también encarece la contratación formal. Para una gran empresa, el impacto puede ser absorbible —aunque afecta su competitividad—, pero para una micro o pequeña empresa (mype) el efecto es devastador. Cuando el costo laboral sube sin que lo haga la productividad, la respuesta no es mejores empleos, sino menos contrataciones, más informalidad o, en el peor de los casos, el cierre del negocio. Formalizar deja de ser un incentivo y se convierte en un riesgo.

Esta lógica se repite en otros frentes. Normas laborales que no distinguen entre tamaños de empresa, exigencias rígidas de adaptación y mayores restricciones a la tercerización —especialmente sobre el núcleo del negocio— reducen la flexibilidad y elevan los costos operativos. La tercerización, cuando está bien regulada, no elimina derechos laborales: permite especialización, eficiencia y competitividad. Limitarla desde una visión ideológica no protege al trabajador; encarece las operaciones y ahuyenta la inversión.

En ese contexto, la decisión de no multar a las mypes por una primera infracción leve aparece como una excepción sensata. Reconoce una realidad incómoda: muchas veces el incumplimiento no responde a mala fe, sino a un exceso de reglas difíciles —o imposibles— de cumplir para negocios pequeños.

A ello se suma el debate sobre los feriados. En 2026, el Perú tendrá dieciséis días de descanso obligatorio remunerado. Cada feriado implica un costo real en un país con baja productividad y alta informalidad. Si se agregan los 30 días de vacaciones legales, el Perú se ubica como el segundo país con más días libres (feriados más vacaciones) a nivel mundial, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Decreto Legislativo 713.

Más días libres no garantizan mejores condiciones laborales si el empleo formal sigue siendo un privilegio y no la regla. En una economía donde más del 70% de los trabajadores es informal, cada nueva carga laboral que no viene acompañada de incentivos reales para formalizar termina ampliando la brecha entre la ley y la realidad. Si el objetivo es proteger al trabajador, el primer paso es hacer que la formalidad sea viable. Eso implica menos costos tributarios y laborales, reglas más simples y una visión integral del empleador y empleado.