Panamericanos vs. Bolivarianos: la gestión de obras que marcó el éxito y el fracaso
La diferencia entre ambos eventos deportivos muestra que el resultado no depende de qué tan grande es el presupuesto sino de cómo se gestionan las obras. El Perú avanza cuando la administración no está en sus instituciones y se estanca cuando vuelve a la burocracia estatal.
Redacción Vigilante
Publicado 6:52 pm, 4 diciembre, 2025
Los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 debieron ser una oportunidad para demostrar que el Perú había aprendido de su mayor logro reciente en infraestructura deportiva: los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, el resultado fue el contrario. La organización terminó evidenciando nuevamente los problemas del modelo tradicional del Estado: burocracia, lentitud, espacios para la corrupción, retrasos y sobrecostos.
Ejecución mínima pese al aumento de presupuesto
La gestión desde el Instituto Peruano del Deporte (IPD) fue especialmente deficiente. Aunque su presupuesto aumentó en 176% en 2025 para completar las obras de los Bolivarianos, la entidad no logró avanzar. De los casi S/ 106 millones destinados solo a infraestructura, el IPD ejecutó apenas 3.5%. Es decir, dejó sin invertir S/ 102.2 millones. Un lujo que el país no puede permitirse.
El análisis del presupuesto también muestra un patrón común en la gestión pública peruana: mientras la ejecución de obras avanza poco, una gran proporción del dinero se va en servicios de terceros y consultorías. Más de S/ 442 millones, principalmente para la organización del evento. Esto no sería un problema si las obras deportivas se ejecutaran con la misma velocidad. Pero no fue así.
Obras claves inconclusas
La evidencia más visible estuvo en Ayacucho. El Estadio Cuna de la Libertad, obra emblemática de los Bolivarianos, alcanzaba sólo 22% de avance físico al inaugurarse el evento deportivo. El cronograma inicial, de 18 meses a partir de diciembre de 2024, ya indicaba que la entrega sería recién a mediados de 2026. Para agravar la situación, el presupuesto aumentó más de 15%, pasando de S/ 367 millones a S/ 423 millones, es decir, S/ 56 millones adicionales que pagarán los ciudadanos por una obra que ni siquiera pudo usarse.
Ante esta incapacidad del Gobierno Regional de Ayacucho y el IPD, varias disciplinas tuvieron que trasladarse a Lima. Y el caso no es aislado: a octubre de 2025 había más de 12,600 proyectos públicos atrasados, con un retraso promedio de 712 días, y 30% de ellos ni siquiera había iniciado pese a contar con presupuesto.
La diferencia: el modelo de contratación
La frustración aumenta porque el país ya demostró que puede hacer bien las cosas. Los Juegos Panamericanos Lima 2019 fueron un éxito porque se usó el modelo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, junto con contratos NEC —un modelo internacional que agiliza las obras con transparencia— y una PMO —agencia técnica privada especializada en supervisión de cumplimiento de plazos, presupuesto y calidad—.
Estos mecanismos privilegiaron la eficiencia, colaboración técnica, rápida resolución de controversias y transparencia. Sin la burocracia de la Ley de Contrataciones, los proyectos se ejecutaron con criterios técnicos y sin interferencias políticas. El resultado es conocido: infraestructura de calidad internacional, entregada a tiempo y sin los sobrecostos típicos del Estado.
El deterioro del Legado al volver al IPD
Después de Lima 2019, el Proyecto Especial Legado mantuvo y operó las sedes deportivas con buenos resultados. Pero cuando el IPD asumió su conducción, los problemas regresaron: canchas deterioradas, piscinas sin mantenimiento e instalaciones que llevan años sin ser reparadas. Algunas sedes hoy casi no funcionan. Esto vuelve a demostrar que no es un problema de dinero, sino de gestión. El país avanza cuando apuesta por la eficiencia; retrocede cuando vuelve a la burocracia que lo ha frenado durante décadas.