Más recursos para educación, pero brechas y gestión siguen en alerta

El Estado peruano llegará al 2026 con un presupuesto público récord y con varios sectores importantes estancados, como educación. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dicha partida contará con un total de 48 mil 745 millones. Pero los principales indicadores públicos revelan una gran contradicción: más dinero no está significando un servicio educativo de calidad. La mala gestión administrativa, la priorización del gasto corriente por encima de la inversión y la incapacidad para ejecutar obras de impacto mantienen a millones de estudiantes en la precariedad.

Crisis estructural en educación

El presupuesto de educación contempla partidas de 19 mil 658 millones de soles para remuneraciones docentes, 2 mil 300 millones para infraestructura educativa y 423 millones para el proyecto Escuelas Bicentenario. Es decir, la distribución del gasto vuelve a inclinarse hacia planillas, mientras la infraestructura y la calidad de la enseñanza siguen en rojo.

El Ministerio de Educación señala que la brecha acumulada al 2025 para cubrir necesidades de construcción, mantenimiento, equipamiento y servicios básicos en colegios públicos asciende a 158 mil 832 millones de soles. Una situación que afecta especialmente a zonas rurales, donde gran parte de las escuelas no garantiza condiciones seguras para estudiantes y docentes.

Además, las evaluaciones nacionales y comparativas internacionales muestran que las brechas de aprendizaje se mantienen estancadas, con retrocesos particularmente graves en comprensión lectora —solo 3 de cada 10 estudiantes comprenden lo que leen— y con apenas un 22,5% que logró un nivel satisfactorio en matemáticas. El gasto público no se debe limitar a subir sueldos, sino también a mejorar la calidad pedagógica.

El reto: un Estado técnico y efectivo

El Perú incrementa su presupuesto año tras año, pero el sector educativo sigue atrapado en una ejecución ineficiente, decisiones improvisadas y una planificación incapaz de sostener reformas de largo plazo. La inestabilidad política ─con autoridades que cambian constantemente─ debilita la gobernabilidad, frena cualquier avance sostenido y deja un Estado costoso pero poco efectivo para garantizar una educación moderna y equitativa.

Y pese a que el 2026 llega con nuevas asignaciones presupuestales, el dinero no basta. La falta de continuidad en la administración educativa, la débil coordinación entre niveles de gobierno y la ausencia de proyectos técnicos sólidos ponen en riesgo que las inversiones se traduzcan en mejoras reales. Sin un enfoque técnico y estable, la brecha educativa seguirá golpeando con más fuerza a los estudiantes más vulnerables.