| ECONOMÍA
Más fondos en camino, pero la seguridad ciudadana sigue en pendiente
Aunque el presupuesto 2026 asigna recursos históricos a seguridad ciudadana, los datos oficiales muestran que la criminalidad avanza más rápido que las soluciones y que el gasto corriente continúa creciendo sin traducirse en resultados.
Redacción Vigilante
Publicado 6:22 pm, 4 diciembre, 2025
El Estado peruano llegará al 2026 con un presupuesto récord para seguridad ciudadana —15 mil 821 millones de soles, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)—, pero los indicadores revelan un panorama preocupante: más dinero no está significando mayor protección. La mala gestión, la débil ejecución de proyectos y la falta de coordinación institucional mantienen a millones de ciudadanos expuestos a un entorno cada vez más violento y sin respuestas efectivas del Estado.
Sin respuesta efectiva en seguridad ciudadana
La inseguridad continúa siendo la principal preocupación del país. Datos del Instituto Nacional de Estadística en Informática para el primer semestre de 2025 muestran que el 58.8% de la población urbana de 15 años o más se siente insegura al caminar sola de noche; en Lima y Callao, la cifra llega al 64.4%. La victimización también es elevada en regiones: en Arequipa, 38.6% de ciudadanos fue víctima de algún delito; en Puno y Cusco, los porcentajes superan el 33%.
El impacto económico es igualmente grave. El MEF estima que la criminalidad le cuesta al país alrededor de 19 mil 800 millones soles en 2025 —casi el 1.7% del PBI—, considerando pérdidas privadas y gastos en seguridad. A pesar de que el presupuesto 2026 contempla mayores recursos para infraestructura policial, equipamiento y tecnología, persisten fallas estructurales: comisarías en mal estado, patrulleros y equipos obsoletos, y una coordinación insuficiente entre Policía, Fiscalía y gobiernos locales.
Las denuncias ciudadanas confirman que los operativos aislados no logran cambiar la percepción de inseguridad, y la criminalidad sigue extendiéndose. Mientras tanto, la inestabilidad política, que genera una gobernabilidad débil y cambia autoridades de manera abrupta, erosiona cualquier intento de cambio en el sector. El país cierra el 2025 con un Estado costoso, lento e ineficiente, incapaz de brindar la seguridad que la población. ¿El próximo año habrá un punto de quiebre?