La Libertad cierra otra gestión de César Acuña entre investigaciones y obras inconclusas

La última gestión de César Acuña como gobernador regional deja a La Libertad con contratos millonarios observados por la Contraloría General de la República, procesos de selección cuestionados y una Fiscalía Anticorrupción que mantiene investigaciones abiertas por presuntas irregularidades. Mientras una de las adjudicaciones más grandes ya fue anulada y otra sigue bajo observación, otros proyectos urgentes avanzan con retrasos o permanecen inconclusos.

En este contexto, Vigilante.pe realizó una revisión de los principales pendientes que deja el hoy candidato presidencial de Alianza para el Progreso, y encontró una región La Libertad que dista mucho de lo prometido.

Un contrato anulado y una adjudicación bajo revisión

En la primera mitad del 2025, el Gobierno Regional de La Libertad adjudicó dos grandes proyectos a la empresa LC & EC Constructora Consultora y Servicios S.A.C. Esa firma había sido creada apenas dos años antes, bajo la dirección de Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin experiencia previa en obras públicas.

Los dos contratos sumaban un total de S/ 315.6 millones:

• S/ 121.5 millones para la mejora y ampliación de la carretera entre Trujillo y Huanchaco.
• S/ 194.58 millones para la modernización del Hospital Provincial de Virú.

En julio, tras un reportaje de Panorama, la Contraloría General de la República inició una revisión exhaustiva a las obras y confirmó que en los procesos de adjudicación hubo irregularidades: la documentación técnica presentada era incompleta o dudosa; los especialistas que la empresa acreditaba no contaban con experiencia real; y el comité evaluador dio puntajes cuestionables. La Contraloría recomendó la nulidad de ambos procesos, pero el Gobierno Regional solo declaró nulo el contrato para la vía Trujillo–Huanchaco. El proyecto del hospital de Virú aún permanece vigente, aunque bajo revisión.

Además, cabe señalar que antes de que se anulara la carretera, los avances de obra eran mínimos: la vía registraba apenas un 5.28 % de avance, mientras que el hospital de Virú apenas llegaba al 0.22 %. Estas cifras estaban muy por debajo de lo previsto en los cronogramas presentados por Coca Condori. Finalmente, la joven ha sido denunciada por presunto delito de estafa y su proceso sigue en curso.

Programa PROCOMPITE y diligencias fiscales

El programa PROCOMPITE, destinado a cofinanciar proyectos productivos, se convirtió en otro foco de polémica durante la gestión de Acuña. En agosto estallaron denuncias de cobros ilegales e irregularidades en las convocatorias 2023 y 2024. En respuesta, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción intervino la sede del Gobierno Regional de La Libertad e incautó 217 expedientes —75 de 2023 y 142 de 2024— como parte de una investigación preliminar por presuntos favorecimientos, manipulación de documentos y exigencias económicas a postulantes.

Las convocatorias anuladas manejaban S/ 58 millones destinados a financiar planes de negocio mediante la compra de equipos y maquinaria para asociaciones productivas. Según reportajes periodísticos, varios postulantes denunciaron que se les habrían solicitado pagos informales para aprobar sus proyectos, lo que llevó al Gobierno Regional a cancelar ambos concursos mientras avanzaban las pesquisas fiscales y administrativas.

Paralelamente, la Contraloría informó que su comisión de control enfrentó obstrucciones internas al intentar auditar PROCOMPITE, situación que motivó un operativo fiscal en las oficinas del Gobierno Regional en Trujillo en octubre. Aunque los concursos fueron anulados y las investigaciones continúan, no existe hasta ahora ninguna sentencia ni una determinación fiscal final sobre responsabilidades.

Hallazgos sobre ejecución regional y perjuicios

El panorama sobre las obras públicas no es diferente. De acuerdo a la Contraloría, La Libertad tuvo un perjuicio económico de S/ 26.5 millones solo en el 2023, derivado de irregularidades en obras, adquisiciones y servicios auditados ese año. Y señaló que 318 funcionarios y servidores públicos afrontan presunta responsabilidad penal, civil o administrativa vinculada a estos casos.

Además, tanto la Contraloría como diversos reportes periodísticos situaron entre 70 y 80 el número de obras paralizadas en la región entre 2023 y 2024. Estos abarcan desde proyectos emblemáticos hasta intervenciones de menor escala, con problemas que van desde incumplimiento de contratos y deficiencias técnicas hasta disputas administrativas que bloquearon la continuidad de las obras.

Una de esas obras clave que quedó en situación de incertidumbre es la III etapa del Proyecto Especial Chavimochic. Aunque Acuña anunció en distintos momentos la intención de reactivar el proyecto y avanzar en gestiones para destrabar los tramos pendientes, la información pública disponible muestra que persisten dudas sobre la ejecución, no se registran avances concretos. La Contraloría ha incluido tramos y obras hidráulicas vinculadas a la III etapa en sus reportes de proyectos con observaciones o paralizados. Estos retrasos afectan directamente al sector agrícola y a la inversión privada que depende del suministro de agua de la obra. La magnitud de Chavimochic exige actualizaciones técnicas y contractuales antes de establecer un cronograma viable.

A todo lo anterior se suma que la administración regional de César Acuña también ha sido cuestionada por los altos gastos en publicidad institucional, que superarían los S/ 2 millones y han motivado auditorías de control aún en curso. Frente a este panorama, la prioridad inmediata para la nueva gestión regional —o para la eventual autoridad interina— será asegurar la entrega completa de documentación a los órganos de control, acelerar auditorías técnicas independientes sobre los contratos observados y establecer mecanismos que permitan reactivar las obras más urgentes sin afectar los procesos de fiscalización.