Inseguridad sigue golpeando a los negocios a nivel nacional

La falta de control delictivo está imponiendo un “doble impuesto” a los emprendedores y empresas: pagan tributos al Estado por seguridad que no reciben y, además, deben asumir gastos crecientes en protección privada para poder abrir sus locales. Este fenómeno, evidente en Lima, se replica también en regiones como La Libertad, Piura y Arequipa, donde la extorsión y los delitos contra comerciantes ya afectan la continuidad de la actividad económica.

La inseguridad actúa como un tributo paralelo que las familias y negocios deben cubrir para compensar un servicio público incumplido. Rejas, cámaras, seguridad privada, seguros contra robos y pérdidas por menor productividad se han normalizado como parte del presupuesto operativo. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, el costo anual de la inseguridad asciende a S/20.000 millones, mientras empresarios destinan entre el 10% y 15% de sus ingresos a medidas de protección.

En Lima, el impacto golpea con fuerza en zonas periféricas. Extorsiones, robos y violencia están acelerando el cierre de negocios en Lima Norte, Este y Sur. La Asociación de Bodegueros del Perú reporta cerca de 1000 bodegas cerradas en lo que va del 2025 por la criminalidad, mientras para las Mypes la inseguridad se lleva hasta el 10% de sus ingresos mensuales. Un informe de la consultora internacional Jones Lang LaSalle (JLL), especializada en análisis del mercado inmobiliario comercial, reveló que más de 120 locales cerraron temporal o definitivamente en el primer semestre del 2025 debido a la inseguridad, provocando además la caída en la renta de locales en varios distritos.

Regiones que enfrentan el mismo “impuesto oculto”

La Libertad, Piura y Arequipa presentan un escenario similar al de Lima, donde la extorsión, los robos y la violencia se han convertido en un costo permanente para operar. En La Libertad, el incremento de delitos contra comercios ha llevado a cierres y restricciones de actividad en zonas urbanas,con 4.517 casos de extorsión en 2024 y un promedio de 394 denuncias mensuales en 2025. En Piura, las cámaras empresariales alertan de un aumento acelerado de extorsiones que obliga a comerciantes y Mypes a destinar recursos crecientes a seguridad privada, con un promedio de 100 denuncias mensuales en 2025. En Arequipa, la criminalidad viene golpeando la dinámica comercial con 388 denuncias por extorsiones, amenazas y ataques en lo que va del año, que encarecen la operación de negocios y deterioran la confianza empresarial.

La coincidencia entre Lima y estas regiones no es casual: la inseguridad está afectando de manera directa la competitividad local, empujando a negocios al cierre y minando las condiciones mínimas para invertir y crecer.

Mientras tanto, el gobierno mantiene el estado de emergencia en Lima y Callao, ampliado por 30 días mediante el Decreto Supremo N° 125-2025-PCM. La medida aún no muestra resultados concretos. El plan incluye la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, integrado por PNP, FFAA, PJ, Fiscalía y DINI, y acciones en penales como la restricción de visitas y operativos del INPE apoyados por drones. Sin embargo, los comerciantes continúan sin percibir mejoras.

El reto es de largo aliento. La inseguridad no se resolverá de inmediato: se requiere planificación, voluntad política y una reforma profunda del sistema de justicia. Con las Elecciones 2026 en camino, será clave que los candidatos presenten propuestas reales, no fórmulas populistas ni soluciones improvisadas.