Beca 18: división obligatoria del 50% entre públicas y privadas afectaría libertad de elección estudiantil

El proyecto de ley que plantea repartir por mitades las becas de Beca 18 entre universidades públicas y privadas ha reabierto un debate de fondo sobre equidad, calidad y libertad de elección en la educación superior. La iniciativa, presentada por la congresista Ana Zegarra, buscaría “corregir” lo que considera una “concentración excesiva” en instituciones privadas; sin embargo, voces como la de Alexandra Ames, exdirectora del Pronabec, advierten que la reforma desconoce la capacidad real del sistema universitario y podría terminar reduciendo las oportunidades de los postulantes.

Actualmente —según el proyecto de Zegarra— cerca del 78.9 % de las becas se concentran en universidades privadas, mientras solo 21.1 % beneficia a universidades públicas. La justificación de la reforma es “evitar la concentración de fondos en instituciones privadas” y asegurar una distribución más “equitativa” entre ambos sectores. Si se aprueba, la medida modificaría profundamente la lógica vigente, al reemplazar un modelo basado en la libre elección del estudiante por uno determinado por cuotas fijas según tipo de institución.

La clave del debate: ¿Es viable la medida?

Para Ames, la iniciativa legislativa desconoce el principio básico de Beca 18: el programa tiene una política centrada en la demanda —las decisiones y méritos del estudiante— y no en la oferta institucional.“Se financian los sueños de los chicos, no a la universidad a la que van”, remarcó en diálogo con Vigilante.pe. Explicó que Beca 18 no establece cuotas entre universidades públicas y privadas, pues “el financiamiento depende exclusivamente de lo que el estudiante elige tras haber ingresado por mérito propio”.

Según Ames, Pronabec ha buscado incentivar la matrícula en universidades públicas otorgando 10 puntos adicionales en el proceso de postulación a quienes las eligen, con el objetivo de alcanzar al menos un 20% de becarios en instituciones públicas. Sin embargo, ese porcentaje suele no cumplirse debido a la limitada capacidad de admisión: “La oferta pública puede ser hasta cinco veces menor que la privada”, señaló.

Por ello, advierte que imponer por ley un 50% obligatorio sería inviable, pues el sistema público no puede absorber ese volumen de becarios. En la práctica, restringir las plazas en el sector privado recortaría oportunidades para jóvenes altamente calificados pero de bajos recursos. “Las limitadas vacantes hacen que incluso postulantes talentosos queden fuera, no por falta de mérito, sino por falta de cupos disponibles. Entonces, su segunda opción es mirar a las universidades privadas”, añadió.

Ames también mencionó otros factores que influyen en la decisión de no optar por una universidad pública: “Un testimonio que he venido recogiendo de los propios postulantes son las frecuentes huelgas, que alargan los calendarios académicos, retrasan la culminación de los estudios y postergan la inserción laboral”. Para los estudiantes, estos retrasos resultan determinantes al momento de elegir.

Críticas de expertos y organizaciones al proyecto

• Defensa de la libertad de elección

El especialista Paul Neira advierte que la propuesta supone un cambio de un modelo centrado en la demanda —las preferencias del estudiante— hacia uno regido por la oferta institucional, lo cual limitaría la libertad de elección, especialmente para jóvenes cuya única opción académica viable es una institución privada debido a oferta, especialización o ubicación geográfica.

• Riesgo para un mecanismo de movilidad social

IPAE Acción Empresarial criticó que la reforma transformaría a Beca 18 de un mecanismo de ayuda directa al estudiante en un subsidio institucional, debilitando la meritocracia y la igualdad de oportunidades que son el origen y el fin del programa.

• Preocupación por la calidad y cobertura pública

Diversos especialistas advierten que asumir que “lo público es suficiente” ignora la heterogeneidad de la oferta universitaria pública: no siempre hay diversidad de carreras, cobertura regional ni cupos suficientes. Sin un plan de fortalecimiento previo —infraestructura, calidad, sedes y admisión— una cuota del 50 % podría resultar en una falsa equidad.

El debate trasciende lo técnico: afecta la esencia de la política educativa en un país con profundas desigualdades. Los promotores del proyecto defienden la “redistribución de recursos”. Pero la evidencia aportada por especialistas sugiere que, sin cambios estructurales previos, la reforma podría tener efectos adversos, afectando justamente a quienes Beca 18 pretende servir: los estudiantes.