Peajes suspendidos, pero el golpe lo pagarán los contribuyentes

La reciente suspensión de los peajes, celebrada por el exalcalde de Lima y ahora candidato presidencial Rafael López Aliaga como un triunfo contra la corrupción, tiene un alto costo que ya empieza a sentirse en los contribuyentes: más de 200 millones de dólares en arbitrajes internacionales y la carga del mantenimiento de las vías, que ahora recae directamente en la Municipalidad de Lima, antes a manos del consorcio Rutas de Lima.

El 29 de octubre, el Poder Judicial ordenó suspender el cobro de peajes en los tramos de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, tras una demanda presentada por la Municipalidad de Santa María del Mar, que alegó vulneración a la libertad de tránsito. Rutas de Lima apeló y retomó los cobros, pero el 5 de noviembre la justicia rechazó su apelación y dispuso la ejecución inmediata de la medida.

El conflicto entre la Municipalidad de Lima y la concesionaria se originó en 2023, cuando la gestión de López Aliaga inició acciones judiciales para anular los contratos de concesión de peajes firmados durante la administración de Susana Villarán, a los que calificó de “corruptos”. Rutas de Lima respondió con arbitrajes internacionales, argumentando que el municipio vulneró un contrato legalmente válido al interferir con los cobros y modificar sus condiciones.

El alto costo que recae en los contribuyentes

Pese a la celebración de López Aliaga por la reciente decisión de la justicia peruana, es importante recordar que Rutas de Lima ganó en los tribunales internacionales, que determinaron que la Municipalidad rompió unilateralmente un acuerdo vigente y le ordenaron el pago de una indemnización inicial de 68 millones de dólares más intereses —que elevan el monto a cerca de 190 millones—, además de otros 7,2 millones por demoras en los ajustes tarifarios.

La situación se agrava con la disolución de Rutas de Lima, anunciada en septiembre de 2025, lo que deja a la Municipalidad a cargo del mantenimiento de las rutas sin contar con un presupuesto asignado, cuando la realidad es que el sistema de peajes es la forma más eficiente y común de sostener las vías en muchos países. Lo que se presentó como una victoria política podría convertirse en un impacto económico negativo y una mayor carga fiscal para la ciudad. La suspensión de los peajes puede aliviar a los conductores en el corto plazo, pero el costo final recaerá sobre los contribuyentes.