Elecciones 2026: JNE debe definir si inhabilitados y prófugos podrán seguir en carrera electoral

El cierre del plazo para la presentación de listas de precandidatos a las Elecciones 2026, a fines de octubre, ha destapado serias controversias en cuatro partidos políticos. Candidatos inhabilitados, prófugos de la justicia y militantes inscritos fuera de tiempo desafían las normas electorales, y ahora el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrenta la responsabilidad de poner orden.

El primero corresponde al partido Perú Primero, liderado por Martín Vizcarra. La agrupación presentó como candidato presidencial a Mario Vizcarra, con el propio exmandatario como primer vicepresidente. No obstante, Martín Vizcarra acumula tres inhabilitaciones vigentes que lo apartan de la función pública hasta 2031. Pese a ello, insiste en que es un “perseguido político” y ha anunciado que presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del 23 de diciembre para intentar revertir su inhabilitación y participar en los comicios.

En segundo lugar, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, encabeza su fórmula presidencial, acompañado por su madre como candidata a la segunda vicepresidencia. Aunque Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia, no pesa sobre él una inhabilitación formal que le impida postular. Sin embargo, si es sentenciado antes de las elecciones, quedará automáticamente impedido de ser elegido, lo que pone en riesgo la validez de su candidatura.

El tercer caso es el del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, fundador del partido Un Camino Diferente, constituido en enero de 2024. Fernández fue condenado por difamación en septiembre de este año y actualmente está prófugo, lo que lo inhabilita legalmente para postular. Pese a ello, sigue figurando como candidato a la vicepresidencia de su agrupación.

Finalmente, el exministro de Educación Morgan Quero, vinculado al entorno de Nicanor Boluarte —hermano de la exmandataria Dina Boluarte—, fue confirmado como candidato presidencial por el partido Ciudadanos Por el Perú. No obstante, Quero se inscribió recién el 12 de marzo de 2025, cuando el registro de militantes había vencido en julio de 2024. Para intentar salvar su postulación, ha presentado un documento notarial que busca acreditar su militancia antes de la fecha límite.

Con las listas internas ya cerradas, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá evaluar la validez de estas fórmulas y, conforme a la ley, declarar su improcedencia si se confirman las irregularidades. El reto del JNE no es un mero trámite administrativo. Se trata de defender el orden legal y la credibilidad del proceso electoral. En democracia, las reglas deben aplicarse por igual. La ley no puede ser flexible según el candidato.