Congreso aprueba leyes que comprometen el equilibrio fiscal: riesgo llegaría al 70% del PBI en 2036

El Consejo Fiscal advirtió que el Congreso continúa aprobando leyes que ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país. Entre el 2021 y el 2025 se han aprobado 229 normas con impacto directo en el gasto público, y otras 352 están en debate, lo que podría elevar la deuda pública hasta el 70% del PBI para el 2036.

Según el organismo, muchas de estas leyes se aprueban sin una evaluación técnica ni un análisis de sostenibilidad financiera. Varias de ellas responden a intereses políticos o demandas sociales inmediatas, pero sin considerar su efecto a largo plazo en las cuentas del Estado.

Leyes populistas

Entre las normas con mayor impacto se encuentra la Ley 31495, aprobada en junio del 2022, que reconoce una bonificación por preparación de clases y desempeño para los docentes, además de crear el Fondo de Bonificaciones Magisteriales. Aunque aún no se ha implementado, su costo estimado asciende a S/ 40,561 millones, convirtiéndose en una de las normas más caras para el Estado.

A esta se suma la Ley 32424, promulgada en agosto del 2025, que dispone la homologación del incentivo CAFAE para los trabajadores administrativos del régimen 276 en los gobiernos regionales. Según el Consejo Fiscal, su aplicación demandará S/ 2,621 millones, incrementando el gasto corriente de los gobiernos subnacionales.

Ambas medidas, de corte populista, fueron impulsadas por bancadas como Perú Libre y Acción Popular, que apelan a la satisfacción inmediata de demandas laborales, sin prever el efecto que tendrán sobre el déficit fiscal ni sobre la capacidad del Estado para mantener su equilibrio presupuestal.

Cambios tributarios

Otra de las leyes más polémicas es la Ley 32387, aprobada en junio del 2025, que reduce el IGV de 18% a 14% y eleva el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) del 2% al 4%. Con esta medida, el Congreso busca fortalecer los ingresos municipales a través del Foncomun. Sin embargo, el Consejo Fiscal advirtió que esta redistribución generará un forado en la recaudación nacional, afectando los ingresos del gobierno central.

Asimismo, la Ley 32335, promulgada en mayo del 2025, reemplaza las sanciones tributarias por cursos de capacitación en el caso de microempresas que cometan su primera infracción. Aunque promueve la educación fiscal, el Consejo estima que provocará una pérdida de S/ 5,280 millones por menores ingresos y una reducción en la disciplina tributaria, e insiste que este tipo de medidas, lejos de mejorar la formalización, debilitan la base tributaria y restan capacidad estatal para financiar servicios públicos básicos.

Alto costo para el Tesoro

La Ley 31729, aprobada en abril del 2023, crea un bono de reconocimiento para exafiliados de la ONP que se trasladaron al sistema privado de pensiones. Cerca de tres millones de peruanos podrían acceder al beneficio, que podría alcanzar hasta S/ 60,000 por persona, con un costo total de S/ 6,380 millones.

Para el Consejo Fiscal, este tipo de medidas generan compromisos financieros insostenibles, especialmente cuando no se acompañan de fuentes de financiamiento claras. “Cada bono o beneficio aprobado sin previsión presupuestal representa un aumento directo de la deuda pública”, advirtió el organismo.

Reducción de ingresos en corto plazo

No todas las leyes aprobadas son populistas, pero incluso las orientadas al desarrollo económico tienen un impacto en la recaudación. La Ley 32201, sobre repatriación de capitales, permite regularizar rentas no declaradas con una tasa reducida del 10%, o 7% si el dinero se invierte en el país. Aunque busca incentivar la formalización y atraer inversión privada, implicará una pérdida de S/ 3,600 millones en ingresos tributarios.

Del mismo modo, la Ley 32392, que crea Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), establece exoneraciones fiscales por S/ 2,011 millones para promover inversiones en turismo sostenible. A ella se suma la Ley 32434, promulgada en septiembre del 2025, que otorga una tasa reducida de 15% del Impuesto a la Renta para empresas agroexportadoras, medida que afectará la recaudación en el corto plazo.

Si bien estas leyes buscan promover la inversión y ampliar la base tributaria, el Consejo advierte que su impacto inmediato es negativo para el equilibrio fiscal y que no garantizan resultados sostenibles.

Deuda pública creciente

Para el Consejo Fiscal, el problema no radica solo en el número de leyes aprobadas, sino en la falta de evaluación técnica de su impacto. La combinación de bonificaciones, exoneraciones y beneficios tributarios sin financiamiento sostenido podría llevar al país a una situación de vulnerabilidad fiscal. De mantenerse esta tendencia, la deuda pública del Perú podría alcanzar el 70% del PBI en 2036, un nivel que comprometería la estabilidad macroeconómica y la capacidad del Estado para responder ante crisis o emergencias.

El Consejo Fiscal ha pedido al Congreso y al Ejecutivo establecer un mecanismo de revisión previa del impacto fiscal de cada norma antes de su aprobación. Sin embargo, el Parlamento ha seguido avanzando con proyectos que, bajo el discurso de la “justicia social” o el “desarrollo económico”, terminan poniendo en riesgo las finanzas públicas y el dinero de los contribuyentes.