Explosiones, miedo y corrupción: el rostro del crimen que ataca a Ica

Son las tres de la tarde cuando explota un artefacto colocado bajo una camioneta estacionada frente a un mercado. El estallido destruye vidrios, puertas y genera pánico en los vecinos. Días después, se confirma que la familia dueña del vehículo venía recibiendo amenazas de extorsión: “Si no pagas, vamos por tus hijos”, decían los mensajes. Este hecho ocurrido en Parcona, Ica, a mediados del mes pasado no es aislado. En 2025, las extorsiones en la región se han disparado un 29%, con 523 denuncias registradas hasta septiembre, frente a 404 en igual periodo del año anterior, según el Comité de Investigación Periodística del Perú (COMPITE). Este incremento representa un salto del 571% comparado con las cifras previas a la pandemia, concentrándose principalmente en distritos como Pisco y Chincha.

A nivel nacional, el panorama es igual de alarmante: más de 20.000 denuncias por extorsión se han registrado en lo que va de este año, generando pérdidas por S/19.800 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El presupuesto nacional destinado a la seguridad ciudadana asciende a S/251.801 millones en 2025, pero los resultados son limitados. De la partida presupuestal orientada a la prevención del delito, solo se ha ejecutado el 56,8 % hasta septiembre, mientras que los gobiernos locales de Ica apenas alcanzan un 16,7%, de acuerdo con el Ministerio del Interior (Mininter). Por cada sol invertido en obras, se gastan S/2,35 en burocracia —entre planillas y trámites administrativos—, en lugar de acciones concretas como la instalación de cámaras o el fortalecimiento del patrullaje.

Obras inconclusas que alimentan la delincuencia

En Ica, más de S/1.244 millones en obras públicas permanecen paralizadas hasta junio de 2025, entre ellas proyectos clave de seguridad como el megapenal de Chincha, detenido desde hace siete años pese a una inversión inicial millonaria. La Contraloría General de la República atribuye las paralizaciones a discrepancias contractuales y falta de financiamiento, pero expertos como Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, sostienen que esto refleja “una clase política ineficaz que prioriza la burocracia sobre la infraestructura vital”.

A esa ineficiencia se suma la falta de resultados en materia de seguridad. El general (r) Eduardo Pérez Rocha advierte que “el actual sistema de seguridad no funciona porque prioriza el papeleo sobre la prevención”. Por su parte, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que solo tres de cada diez peruanos se sienten seguros, y en regiones como Ica, la confianza en la Policía cae al 20%, agravando la percepción de un Estado inactivo que engrosa su planilla en lugar de luchar contra el crimen. “Pagamos impuestos para seguridad, pero el dinero se pierde en oficinas, no en calles seguras”, lamenta un comerciante de Pisco en medios regionales.

El panorama se agrava con la migración de bandas criminales del norte, que amplían su presencia en el sur. Aunque el premier Eduardo Arana prometió culminar las obras inconclusas antes de 2026, tras su reciente visita a la región, la cárcel de Chincha sigue sin avances visibles. Sin ejecución efectiva, Ica permanece atrapada entre la violencia y la burocracia, mientras la inseguridad continúa ganando terreno.