Paro de transportes se agrava por extorsiones y pérdidas millonarias

El sector transporte en Lima y Callao atraviesa una crisis profunda que nuevamente estallará con un paro total convocado para el jueves 2 de octubre de 2025, tras la protesta realizada el pasado sábado 27 de septiembre. Más de 70 empresas formales, junto a asociaciones gremiales, han anunciado la suspensión de sus servicios hasta que el Estado adopte acciones concretas frente a la ola de extorsiones, violencia y asesinatos que golpean a choferes y cobradores. La protesta refleja la falta de respuestas efectivas a un problema que ha costado decenas de vidas y paralizado la movilidad y la economía de miles de ciudadanos.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao denunció en medios de comunicación la falta de voluntad política y la ausencia de medidas frente a asesinatos, amenazas y cobros ilegales. Solo en Lima, más de 10 mil unidades dejarán de operar durante la protesta. Los gremios exigen una fuerza especial integrada por Policía, Fiscalía y Poder Judicial para enfrentar a las mafias, la cual aún no se implementa.

Lima asfixiada por la violencia y el cierre de empresas de transportes

Las cifras muestran la magnitud del problema. Entre el 60% y 65% de todas las denuncias de extorsión a transportistas del país se concentran en Lima y Callao. Hasta agosto de 2025 se registraron más de 16 mil casos, según la Policía Nacional, lo que significa un aumento del 22% respecto al año pasado. La violencia no da tregua: hasta septiembre, se registraron 46 homicidios de conductores vinculados a estas mafias, cifra confirmada por la División Estadística de la PNP y por el gremio de transportistas “Asociación Nacional de Integración de Transportistas” (ANITRA). La inseguridad ha provocado el cierre de al menos ocho empresas de transporte en la zona y la paralización de varias líneas por amenazas, dejando a cientos de trabajadores sin empleo.

El impacto económico de esta crisis es considerable. Las extorsiones elevan los costos operativos del sector en más de S/4,000 millones anuales, provocando reducción de flotas, quiebras y pérdidas de empleos, según Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Además, la informalidad —56% en Lima y Callao— multiplica la vulnerabilidad de los transportistas.

Trujillo y Piura bajo amenazas

En Piura, las denuncias por extorsión aumentaron 32% en 2025 respecto al año anterior, de acuerdo con reportes policiales y del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. La Policía y los gremios del sector confirman entre 15 y 20 asesinatos de transportistas en lo que va del año. La crisis de inseguridad también provocó el cierre de 225 empresas en 2024, según la Cámara de Comercio y Producción de Piura. A esto se suma una informalidad superior al 70%, que golpea sobre todo a mototaxistas y choferes independientes.

En Trujillo (La Libertad), aunque no se cuenta con cifras tan precisas, las denuncias subieron 28% y se confirmaron entre 8 y 12 asesinatos de transportistas en 2025, según reportes policiales. La informalidad laboral en la región también es alta, similar a Piura, y golpea a pequeñas y medianas empresas, que enfrentan cobros ilegales y amenazas constantes. Las pérdidas económicas en transporte podrían superar los S/1,800 millones anuales, según estimaciones de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.

Pérdidas humanas y laborales son un costo silencioso

El costo humano de la inseguridad en estas regiones es alto: entre 46 y 50 transportistas han sido asesinados hasta septiembre, según reportes policiales. La cifra refleja la violencia y el desamparo que sufre el sector frente al crimen organizado. En el plano laboral, se estima que en 2025 se han perdido al menos 50,000 empleos formales a causa de la ola de violencia.

Pero, además, la informalidad agrava la situación: alcanza cerca del 65% en Lima y supera el 70% en varias regiones del norte. Esto deja a miles de trabajadores sin ingresos durante los paros, con pérdidas de hasta 10 días laborales en cada jornada de protestas. El resultado es la continuidad de la pobreza y el freno al desarrollo económico regional.

El gremio transportista responsabiliza al Estado por no contar con un plan integral para enfrentar a las mafias de extorsionadores que actúan con impunidad. Consideran que las medidas policiales aplicadas hasta ahora son insuficientes y exigen mayor despliegue de seguridad, sanciones efectivas a los criminales y una respuesta legislativa contra la impunidad. El nuevo paro convocado —el del 2 de octubre— confirma la gravedad de la crisis y el descontento por la falta de acciones concretas para garantizar la seguridad.