Caos en Machu Picchu: instituciones, roles y tensiones

Machu Picchu ha recuperado la normalidad tras varios días de protestas y bloqueos que aislaron a más de 900 turistas en Aguas Calientes y obligaron a evacuar a otros 1.400 visitantes. Aunque este desenlace trae un respiro frente al riesgo inmediato de perder la categoría de Maravilla del Mundo —como advirtió la organización New7Wonders—, la gestión del principal atractivo turístico del Perú y motor económico de Cusco sigue atrapada en la burocracia, donde pesan más las disputas entre autoridades que la eficiencia.

El último conflicto se desató tras la adjudicación del servicio de buses a la empresa San Antonio de Torontoy, luego de que venciera la concesión por tres décadas de Consettur, lo que provocó enfrentamientos entre trabajadores, pobladores y la Policía, además del bloqueo del acceso ferroviario a la ciudadela. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tuvo que intervenir de manera reactiva, convocando a mesas de diálogo en Cusco y Lima que permitieron alcanzar un acuerdo temporal entre los actores involucrados. ¿Pero hasta cuándo durará esta supuesta calma?

Instituciones en Machu Picchu: ¿quién decide y sobre qué?

Este caso tiene un largo historial de crisis que evidencia un problema estructural: la fragmentación institucional en la administración de Machu Picchu. El Ministerio de Cultura, encargado de gestionar y regular el acceso al santuario, enfrenta cuestionamientos por el caos en la venta de boletos, que obliga a los turistas a hacer largas colas en Aguas Calientes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones que supervisa el eje ferroviario y la conectividad aérea, no actuó frente a los últimos bloqueos. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aunque sin competencia directa en la ciudadela, cumple un rol central en la promoción del destino y proyecta cifras récord de visitantes para 2025, con más de 1,5 millones de ingresos estimados, sin embargo, los constantes conflictos podrían poner en riesgo esta meta.

El Gobierno Regional de Cusco, a cargo del gobernador Werner Salcedo, participa en las negociaciones pero carece de competencias para garantizar la seguridad o el transporte, lo que lo convierte en un mediador limitado. A su vez, la Municipalidad Provincial de Urubamba tiene la responsabilidad directa sobre la concesión de los buses, pero la falta de transparencia y la demora en los procesos han agudizado las tensiones con las comunidades locales que exigen ser parte de la cadena turística. La Municipalidad Distrital de Machu Picchu, en tanto, coordina la seguridad con la Policía pero enfrenta críticas por no implementar alternativas de transporte que reduzcan la dependencia de un único operador. Otros municipios como Ollantaytambo también participan en las mesas multisectoriales sin una función clara.

El resultado es un escenario en el que varias instituciones reclaman autoridad, pero ninguna asume la responsabilidad integral de un destino que representa más del 60 % de la economía cusqueña y que, según la Cámara de Turismo de Cusco, pierde hasta US$ 3 millones diarios durante las paralizaciones. En medio de este desorden, las empresas privadas han quedado atrapadas en disputas estatales, mientras los gremios turísticos advierten que Machu Picchu se ha convertido en un “rehén de intereses particulares”.

La superposición de funciones y la ausencia de una autoridad única han transformado cada crisis en una parálisis nacional. Por ello, especialistas y asociaciones como la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) proponen declarar a Machu Picchu activo crítico nacional y crear una entidad autónoma, con capacidad técnica y de decisión, que evite que el principal atractivo turístico del Perú siga prisionero de la burocracia.