Enfrentamiento entre Municipalidad de Lima y Brookfield golpea a conductores

La controversia entre Rutas de Lima —concesionaria de los peajes Panamericana Sur, Norte y Ramiro Prialé, y ahora administrada por Brookfield— y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha escalado hasta generar consecuencias negativas para miles de conductores. Lo que empezó a mediados de este año como un conflicto técnico‐legal se traduce ahora en caos vehicular, reclamos ciudadanos y disputas legales que no se resuelven.

El 16 de mayo de 2025, Rutas de Lima anunció que suspendería el uso del sistema electrónico de pago de peajes conocido como e-pass, que permitía cruzar la vías sin detenerse en las garitas. La razón fue una multa de más de S/ 12 millones impuesta por la comuna capitalina, que acusó a la empresa de operar carriles exclusivos sin autorización. La concesionaria Brookfield calificó la medida como arbitraria porque dicho uso contaba con la opinión técnica favorable de INVERMET, organismo supervisor y parte de la misma MML.

La consecuencia de este lío es visible en los peajes: un tráfico insoportable en vías que deberían ser rápidas. Lo que antes podía tomar pocos minutos, ahora se ha convertido en largas filas que complican los viajes diarios. A esto se suma otro problema grave: el cierre del puente Conchán, una infraestructura clave en la Panamericana Sur, lo que ha intensificado la congestión. Rutas de Lima advirtió recientemente que, de no revertirse estas decisiones, la capital podría enfrentar un “colapso vial” durante el verano de 2026.

El enfrentamiento también se libra en tribunales extranjeros. En junio, la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia en Estados Unidos respaldó los fallos arbitrales que ordenan a la Municipalidad de Lima pagar cerca de US$200 millones al consorcio Rutas de Lima, al concluir que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato de concesión firmado en 2013. La MML insiste en que no se opone a la modernización de los pagos electrónicos, pero sí a lo que considera cobros indebidos y un uso irregular de la infraestructura vial.

Lo que Lima puede aprender de los peajes de Chile y Colombia

Mientras Lima se enreda en la guerra por los peajes, países vecinos nos muestran sus experiencias de modernización. En Colombia, se ha impulsado un modelo de interoperabilidad de peajes electrónicos bajo la marca Colpass, que permite que un vehículo con un solo dispositivo TAG (aparato de identificación para peajes) pueda pasar por diversas casetas habilitadas sin detenerse, y que el pago se asocie automáticamente al operador correspondiente, de acuerdo al portal del Ministerio de Transporte de Colombia. Este sistema busca que todos los peajes colombianos operen con al menos un carril electrónico, y así evitar que los conductores lleven múltiples dispositivos o métodos de pago distintos. Sin embargo, el cambio ha sido gradual y en muchas vías aún funcionan las casetas manuales junto con los carriles electrónicos.

En Chile, el sistema está mucho más consolidado y, en el caso de autopistas urbanas de Santiago y varias rutas interurbanas, el pago es exclusivamente electrónico. Se utiliza el TAG (también conocido como Televía), instalado en el parabrisas del vehículo, que permite un cobro automático al pasar por los pórticos en modalidad free flow, sin necesidad de detenerse. Este dispositivo es interoperable: sirve en diversas autopistas concesionadas. Para quienes transiten sin TAG existe la opción del Pago Tardío de Transacciones (PTT), regulado desde julio de 2025, que obliga a regularizar la deuda.